📸 Cortesía: captura de pantalla X @petrogustavo / Presidencia
¿REFORMA PENSIONAL EN JAQUE?
Este jueves 19 de junio, desde la Casa de Nariño en Bogotá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso para intentar salvar la controvertida reforma pensional. El llamado responde a una orden directa de la Corte Constitucional, que devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes por un fallo en el procedimiento legislativo. Como consecuencia, la reforma, pieza clave en la agenda social del Gobierno, no podrá entrar en vigor el próximo 1 de julio y queda en una incertidumbre legal mientras se corrigen los errores y se retoman las discusiones en un plazo máximo de 30 días hábiles.
La noticia fue confirmada por el propio mandatario a través de su cuenta en X, donde explicó que tanto el Senado como la Cámara serán convocados para estudiar nuevamente la reforma, atendiendo la “orden de la Corte Constitucional, a la que agradezco su trabajo democrático”. Petro instó con vehemencia a las bancadas de oposición y a los congresistas críticos a sumarse a la causa, haciendo un llamado especial a los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, así como a legisladores independientes, para que respalden lo que definió como “un gran acto de justicia social con los padres, madres, abuelos y abuelas colectivas de este hermoso país”.
Este pronunciamiento llega apenas un par de días después de que la Corte Constitucional detectara un error procesal en el trámite de la Ley 2381 de 2024. La Cámara de Representantes aprobó el texto originado en el Senado sin cumplir con el debate reglamentario correspondiente, comprometiendo así los principios básicos del proceso legislativo. Frente a esta irregularidad, la Corte suspendió la entrada en vigor de la reforma y concedió un plazo legal de 30 días hábiles para que el Congreso subsane el defecto, recordando que al término de este período se deberá emitir un nuevo pronunciamiento tribunalicio.
La reforma pensional ha sido un asunto de alta sensibilidad social y política en Colombia, con un fuerte impacto en el bienestar de millones de ciudadanos. La decisión de la Corte no solo prolonga la incertidumbre jurídica, sino que también erosiona la confianza en la capacidad institucional para gestionar cambios de fondo en el sistema de seguridad social. Mientras tanto, la ciudadanía observa expectante cómo se desarrollan estas sesiones extraordinarias, cuestionando si este proceso podrá ofrecer soluciones efectivas sin dilaciones ni nuevos tropiezos administrativos.
¿Será posible que el Congreso y las fuerzas políticas logren, en un tiempo tan ajustado, remontar esta dificultad y concretar una reforma que prometía justicia y sostenibilidad? El reloj corre y el país aguarda respuestas claras en medio de un escenario cargado de tensiones y expectativas.
