📸 Cortesía: X @Marovaan / Policía Nacional
¿MENORES EN EL FILO DE UNA RED CRIMINAL?
El 7 de junio de 2025, en el populoso barrio Modelia de Bogotá, un acto de campaña presidencial se tornó en tragedia con el atentado a bala contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Gravemente herido, su agresión abrió una puerta reveladora hacia los oscuros engranajes de una red criminal que operaba con precisión y sin escrúpulos.
La Fiscalía General de la Nación ha profundizado en esta compleja trama y ha señalado a una figura clave: Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela. Con apenas 19 años, ella fue la persona que proporcionó el arma utilizada por un joven de 15 años, el menor designado para ejecutar la acción violenta. Las cifras en juego inquietan: 10 millones de pesos ofrecidos si Uribe moría y 600 mil si quedaba con vida, un pago que desvela la brutal lógica de este tejido criminal.
La indagatoria ha trazado también el vínculo entre Gabriela y el supuesto jefe logístico, alias El Costeño, de 41 años. Fue este hombre, desde las sombras, quien coordinó cada detalle, asegurándose de que su mano derecha no se involucrara directamente. Gabriela recibe encargos regulares, con la promesa de recompensas y la garantía ilusoria de no exponerse.
Lo más perturbador es la deliberada selección de un menor imputable diferente a la cárcel ordinaria: un adolescente sin vínculos familiares o antecedentes que pudieran complicar su condena, buscando que el sistema legal aplicara una correccional y no prisión clásica. En palabras de Gabriela, durante su declaración ante la Fiscalía y publicada por la revista Semana:
Me dijo que era mejor si tenía de pronto antecedentes o que no tuviera padres, que no tuviera a nadie pendiente de él. Me explicó que debía tener entre 14 y 16 años, para evitar cárcel dura y que lo llevaran a una correccional.
Este episodio no solo expone la brutal manipulación de la vulnerabilidad adolescente en una red criminal; cuestiona también la eficacia y los vacíos de la protección institucional hacia menores en contextos de violencia política y social. ¿Cómo es posible que un joven sea blindado ante el peso de un crimen tan grave solo por su edad y condición social? ¿Qué otras redes de complicidades permanecen ocultas bajo esta capa de violencia?
Mientras la investigación avanza, la sociedad colombiana se enfrenta a un espejo quebrado: en él, conviven la política y la violencia, y también la infancia robada por redes que erosionan la confianza en las instituciones. La esperanza radica en esclarecer no solo quién disparó, sino cómo y por qué tantos jóvenes son convertidos en piezas prescindibles de un juego perverso.
