📸Cortesía: captura de pantalla Presidencia
¿PAZ CON SOMBRAS?
El pasado sábado 21 de junio de 2025, Medellín vivió una escena inesperada y controvertida en la plaza de La Alpujarra. En el marco de un evento de paz urbana conducido por el presidente Gustavo Petro, subieron a la tarima principal cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, trasladados desde la cárcel de Itagüí en vehículos del Inpec. Esta aparición pública generó una ola de críticas y cuestionamientos por parte de autoridades locales, organizaciones de derechos humanos y diversos sectores políticos, alarmados por la legitimidad de visibilizar y darle voz a estos personajes ante la opinión pública.
La controversia no tardó en alcanzar el ámbito nacional. Durante un Consejo de Ministros televisado el martes 24 de junio, el presidente Petro defendió la decisión. Insistió en que no se trató de “delincuentes” sino de personas privadas de la libertad en proceso de rehabilitación. Para él, su presencia era un gesto simbólico de reparación ante la comunidad y señalaba hacia un futuro pacto de paz en los barrios de Medellín. Sin embargo, esta postura no logró convencer a gran parte de la opinión pública ni a instituciones preocupadas por la seguridad y la justicia.
En la tarima estuvieron presentes alias Douglas, alias Tom, alias Carlos Pesebre, alias Vallejo, alias El Indio, alias El Tigre, alias El Saya, alias Albert y alias Juan 23. Todos están condenados por delitos graves como homicidio, tráfico de estupefacientes y crimen organizado. La tensión aumentó cuando se confirmó que ninguno ha cumplido sus penas plenamente ni ha entregado las armas, y que el evento no estaba amparado en ningún acuerdo jurídico formal consolidado. Ante esto, la Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo de Iris Marín, advirtió que las tarimas no son espacios para validar actos ilegales ni para erosionar la confianza en las instituciones.
Este episodio pone en evidencia las dificultades y contradicciones que rodean los procesos de paz urbana y reintegración en Medellín. Mientras algunos ven en estos gestos una ventana hacia la reconciliación, otros advierten que pueden provocar más incertidumbre y desafiar la percepción ciudadana sobre la justicia y la seguridad. ¿Cómo equilibrar la búsqueda de paz con la exigencia de cumplimiento penal y desarme? La pregunta queda suspendida en el aire, como un reto pendiente para las autoridades y la sociedad que observa con desconfianza y esperanza a la vez.
¿Podrá la convivencia en Medellín avanzar sin que estas sombras sigan proyectándose sobre la política y las calles?
