📸 Cortesía: ELCOLOMBIANO
«`html¿INTERVENCIÓN A LA DERIVA?
Este jueves 26 de junio de 2025, la Corte Constitucional de Colombia dio un giro inesperado al revocar la intervención estatal sobre la EPS Sanitas, una de las más grandes del país.
La decisión, adoptada por la mayoría de la Sala Plena, declaró la medida de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) como improcedente, señalando que vulneró el derecho fundamental al debido proceso. Desde abril de 2024, la Supersalud había ordenado la toma de control y administración forzosa de Sanitas alegando graves problemas financieros y administrativos que ponían en riesgo la continuidad del servicio.
Este fallo responde a una tutela presentada por el grupo Keralty, conglomerado al que Sanitas pertenece. La Corte examinó a fondo la controversia y concluyó que la intervención careció de justificación suficiente y no respetó los mínimos procesales que garantizan la defensa y protección de los derechos. Así, desterró precedentes de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá, que habían negado la tutela.
En palabras del fallo, la Corte salvaguardó el derecho al debido proceso no solo de Sanitas, sino también de otras entidades del grupo, como la Clínica Colsanitas y Medisanitas, que fueron involucradas indirectamente en la decisión. El pronunciamiento fue recibido con expectación, pues pone en el centro la importancia de la legalidad y las garantías en una intervención que se impulsó en medio de una crisis profunda del sistema de salud y una reforma estatal liderada por el presidente Gustavo Petro.
Durante el año y medio que duró la administración forzosa, Sanitas enfrentó un agravamiento en sus dificultades. Datos oficiales muestran que las quejas ciudadanas crecieron en un 19 %, superando las 20.000 mensualidades, reflejo de la precariedad en la atención a sus más de 5,8 millones de trabajadores afiliados en todo el país.
Este fallo deja abiertas preguntas cruciales sobre el equilibrio entre la tutela estatal de servicios esenciales y la garantía de derechos fundamentales en procesos administrativos. La incertidumbre crece sobre qué pasó con la reforma sanitaria y cómo se tramitarán intervenciones futuras sin que el debido proceso sea otra víctima.
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