📸 Cortesía: Joel González – Presidencia
¿QUIÉN INVESTIGA AL PRESIDENTE?
Este jueves 26 de junio de 2025, la Corte Constitucional de Colombia puso fin a un largo pulso jurídico al anular la potestad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para continuar investigando al presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.
El alto tribunal determinó que sólo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tiene la competencia para juzgar al mandatario en funciones, reafirmando su fuero presidencial. Además, ordenó al CNE entregar en un plazo de cinco días el expediente a la Cámara baja para que prosiga con el proceso.
Esta decisión surge a raíz de una tutela interpuesta por el propio presidente Petro, quien argumentó una violación al debido proceso, defendiendo que únicamente la Comisión de Acusación puede investigar a un jefe de Estado en ejercicio, incluso en casos de faltas administrativas. La votación en la Sala Plena fue ajustada: cinco magistrados respaldaron la ponencia de Vladimir Fernández, mientras cuatro se opusieron. Un claro reflejo de la fractura al interior del máximo tribunal.
La controversia tiene origen en agosto de 2024, cuando el Consejo de Estado avaló la continuidad de la investigación del CNE, considerándola un asunto administrativo. Ahora, la Corte Constitucional revoca esa postura y delimita con claridad que el CNE sólo está facultado para indagar a la coalición Pacto Histórico, sus partidos y demás involucrados, pero excluye expresamente al presidente Petro dada su condición de aforado constitucional.
En reacción, Gustavo Petro se limitó a un escueto mensaje en su cuenta de X: Bien por la Corte Constitucional. Mientras tanto, voceros políticos y expertos jurídicos interpretan el fallo como un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre altas cortes, relacionado con la delimitación de competencias y la protección del fuero presidencial.
Este episodio no solo revela la tensión entre órganos del Estado, sino que también abre un debate sobre los límites del control político y la justicia en Colombia. ¿Podrá la Comisión de Acusación avanzar con transparencia y celeridad en un caso cargado de expectativas públicas? La ciudadanía permanece en espera, con la pregunta latente: ¿Dónde termina la impunidad y dónde comienza la justicia para un presidente en ejercicio?
