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¿CORRUPCIÓN SIN PAUSA?
Este 27 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia negó la solicitud de nulidad presentada por el senador Antonio José Correa, del Partido de la U, reafirmando que el juicio en su contra por presunta corrupción seguirá su curso.
El proceso se enfoca en las acusaciones por irregularidades relacionadas con la exigencia de coimas a contratistas en convenios interadministrativos de los municipios de El Peñón (Bolívar) y Santa Cruz de Lorica (Córdoba). Además, se investiga la supuesta utilización fraudulenta de recursos provenientes de los denominados “cupos indicativos”.
La defensa del congresista había sostenido que se vulneró su derecho al debido proceso, pues la investigación se cerró sin practicar algunas pruebas solicitadas. Sin embargo, la Sala de Casación Penal consideró que el cierre de la investigación estaba debidamente justificado y que la omisión de esas pruebas no comprometió los derechos fundamentales del senador. Por tal motivo, la Corte ordenó la devolución de las diligencias a la Sala de Primera Instancia para que el juicio continúe desde el punto en que fue suspendido por la solicitud de nulidad.
El caso penal contra Correa involucra delitos graves como concusión, interés indebido en celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público. Según la Fiscalía, estos hechos ocurrieron alrededor de 2017 y 2018 en el marco de convenios con Coldeportes. La investigación está enmarcada dentro del denominado “Caso de Corrupción Mermelada Tóxica”. Por si fuera poco, fuentes cercanas al proceso han difundido supuestos vínculos del senador con redes criminales, incluida la liderada por Enilce López, mejor conocida como alias “La Gata”.
A pesar de las acusaciones que pesan sobre él, Antonio José Correa continúa siendo miembro activo de la Comisión Segunda del Senado y mantiene una posición como aliado informal dentro de su partido y en la arena política. Este episodio no solo expone la fragilidad de los mecanismos de control sobre funcionarios públicos, sino también el vacío que queda cuando la justicia se ve envuelta en procesos dilatados y con obstáculos legales.
¿Podrá la justicia colombiana avanzar entre tantas sombras, o seguirá la impunidad tejiéndose en los recovecos del poder?
