📸 Cortesía: Presidencia / E.P.S. Sanitas
¿INTERVENCIÓN EN LA SALUD O LUCHA DE PODERES?
Este 27 de junio de 2025, la Corte Constitucional de Colombia revocó la intervención estatal en la EPS Sanitas, una medida que había sido adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024 y que el presidente Gustavo Petro defendió con fuerza.
La historia comenzó hace más de un año, cuando se decidió intervenir la EPS, que agrupa a más de cuatro millones de afiliados, ante la detección de un déficit millonario en reservas técnicas y patrimonio. Petro sostuvo que no se trataba simplemente de proteger un activo cualquiera, sino de garantizar la disponibilidad de recursos – esos activos líquidos – necesarios para que la prestación de servicios de salud no colapsara. Habló claro: la intervención no buscaba salvar al grupo propietario, Keralty, sino cuidar a los pacientes y sostener a la red hospitalaria nacional.
Sin embargo, la Corte Constitucional examinó detenidamente la actuación estatal y concluyó que hubo fallas procedimentales y que se incumplieron directrices judiciales previas. Como consecuencia, ordenó que el control de Sanitas regresara a Keralty amparando los derechos fundamentales como el debido proceso y la libre asociación. La decisión ha reavivado un debate ético y político sobre la viabilidad del actual modelo de aseguramiento en salud en Colombia y la fiscalización financiera de las EPS.
En el centro del debate está un déficit de 1,2 billones de pesos en reservas técnicas junto a un patrimonio afectado por más de 800.000 millones de pesos, cifras que, para el gobierno, imposibilitaban mantener la garantía en la atención a los usuarios. Keralty, por su parte, recupera el control y cuestiona la medida. Mientras tanto, los colombianos esperan respuestas que no se queden en tecnicismos ni en luchas institucionales.
¿Se podrá corregir el rumbo sin sacrificar el acceso a la salud? ¿O se repetirá el viejo ciclo donde la ciudadanía paga el costo de la inestabilidad institucional? A partir de esta resolución, la salud pública colombiana enfrenta una encrucijada que va más allá de balances contables y procedimientos legales.
