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¿PAZ ANTES QUE JUSTICIA?
Este martes 1 de julio de 2025, el Gobierno de Colombia anunció la suspensión de la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo, uno de los principales cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Esta decisión, tomada en Bogotá, busca preservar el delicado proceso de diálogo de paz que lidera la administración del presidente Gustavo Petro con ese grupo armado.
La extradición de Henao Gutiérrez había sido aprobada por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2025, luego de una solicitud formal de una corte del distrito sur de Florida, donde se le acusa de narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, la legislación colombiana confiere al presidente la potestad de decidir la entrega de nacionales a autoridades extranjeras cuando existen intereses estratégicos vinculados a la paz y la seguridad nacional.
El presidente Petro explicó que la medida responde a condiciones claras y exigentes: la suspensión de la extradición estará condicionada a avances concretos y verificables en la sustitución de cultivos ilícitos, pieza clave para eliminar las raíces económicas de la violencia. En sus palabras publicadas en su cuenta de X (antes Twitter), afirmó que la ley le faculta detener extradiciones si se evidencia un progreso auténtico en la paz. Según él, ese avance implica justamente la remoción de miles de hectáreas de cultivos ilícitos. Solo en ese contexto se evaluará de nuevo la entrega de alias Olmedo.
Para el Ejecutivo, esta suspensión es una medida necesaria para asegurar la participación activa de Henao Gutiérrez en las negociaciones orientadas al desarme y la reintegración a la vida civil, dentro del llamado proceso de Paz Total. En esta línea, el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, destacó que la decisión responde a una política integral que prioriza resolver las causas estructurales del conflicto armado. La permanencia de alias Mocho Olmedo en Colombia se considera clave para mantener el impulso hacia la reconciliación social.
Sin embargo, no faltan voces críticas que alertan sobre el riesgo de que esta postergación erosione la confianza en la justicia frente a delitos graves como el narcotráfico. La decisión abre una brecha entre la expectativa ciudadana de justicia efectiva y la estrategia estatal de paz. ¿Podrán los avances en sustituir cultivos ilícitos realmente traducirse en un proceso de paz sólido y confiable? La incertidumbre persiste mientras Colombia navega entre justicia y reconciliación, camino incierto para un país tantas veces fracturado por la violencia.
