📸 Cortesía: captura de pantalla X @WilsonRuizO / Presidencia
¿Seguridad en jaque para la oposición?
Este miércoles 9 de julio de 2025, en La Haya, el exministro de Justicia y precandidato presidencial Wilson Ruiz amplió su denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI), sumando una nueva arista preocupante: la reducción de su esquema de seguridad en medio de amenazas concretas.
Ruiz, que ya había presentado su primera queja el 27 de mayo de este mismo año, acusa a Petro de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y omisión dolosa. Según afirma, el Gobierno habría favorecido a grupos armados ilegales y debilitado a las Fuerzas Militares, facilitando el accionar violento en varias regiones. La denuncia se apoya en más de veinte evidencias, incluyendo decretos presidenciales, testimonios y reportes tanto nacionales como internacionales, que ponen sobre la mesa masacres, desplazamientos forzados y una preocupante reducción en el presupuesto policial.
Pero el nuevo capítulo que aporta Ruiz deja entrever un doble riesgo: no solo la perpetuación de la violencia, sino la vulnerabilidad física del opositor. La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió modificar y reducir unilateralmente su esquema de protección y el de su familia, a pesar de episodios claros que alertan sobre su seguridad. En noviembre de 2022, un atentado fue frustrado en Cali, y en enero de 2023 su hijo sufrió un ataque armado donde su vehículo recibió seis disparos. Además, Ruiz ha recibido amenazas directas a través de mensajes de WhatsApp que le exigen salir del país bajo amenaza de muerte.
Este contexto de hostigamiento no es un caso aislado. Ruiz mencionó además el reciente atentado contra el senador Miguel Urib, lo que podría indicar un patrón de riesgo para los líderes de la oposición. La reducción de la protección en este escenario resulta, cuando menos, inquietante.
¿Puede la democracia colombiana sostenerse cuando quienes la defienden se sienten desprotegidos? ¿Qué rol juega el propio Estado en la protección o el abandono de sus adversarios políticos? La denuncia contra Petro aún está en manos de la CPI, pero el vacío que deja la falta de seguridad para figuras centrales en la política nacional abre nuevas preguntas sobre el futuro de la oposición y la garantía de derechos en Colombia. Mientras tanto, Wilson Ruiz y su familia enfrentan una incertidumbre que va más allá de lo político: la urgencia de proteger la vida.
