📸 Cortesía: Corte Suprema de Justicia
¿Fiscal controvertida, justicia en juego?
Este 9 de julio de 2025, desde Bogotá, el Consejo de Estado de Colombia se pronunció sobre uno de los casos que ha puesto en vilo la tranquilidad institucional del país: negó la suspensión provisional del nombramiento de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación. La petición, basada en una orden de captura internacional emitida por Guatemala, apuntaba a apartar a Camargo sobre supuestos delitos relacionados con el caso Odebrecht.
La solicitud fue presentada el 17 de junio de 2025 por la abogada Sthefanny Feney Gallo Herrera, quien pidió que la fiscal fuera separada del cargo por estar vinculada a cargos que incluyen asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y colusión. Sin embargo, la magistrada ponente, Gloria María Gómez Montoya, declaró que la petición llegó fuera del momento procesal adecuado, pues la ley exige que estas medidas cautelares se soliciten junto con la demanda o antes de su admisión, dentro del plazo de caducidad. Además, el tribunal concluyó que la orden de captura guatemalteca no tiene efectos automáticos en Colombia y que Camargo goza de inmunidad por su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Frente a las acusaciones, Camargo ha calificado la orden como un “contraataque sin precedentes” dirigido contra funcionarios que combaten la corrupción y el crimen organizado en la región. Su defensa sostiene que no hay una orden de captura internacional activa y cita comunicados oficiales guatemaltecos que desmarcan al gobierno de ese país de la actitud del Ministerio Público local.
Por si fuera poco, el Consejo rechazó insistencias en presentar el testimonio de Amelia Pérez Parra, directora de la Sociedad de Activos Especiales y exaspirante a la Fiscalía, lo que añade más tensión a un proceso ya cargado de complejidad.
Este episodio revela más que una disputa judicial: desnuda la fragilidad y la pugna política alrededor de la lucha anticorrupción en la región. ¿Cómo se conciliará la justicia con las presiones internacionales y los intereses políticos internos? Mientras tanto, la ciudadanía observa con incertidumbre un escenario donde las fronteras legales y las inmunidades parecen más difusas que firmes. ¿Podrá la verdad emerger entre estas sombras jurídicas?
