📸 Cortesía: El Tiempo
¿Arte o sombra paramilitar?
Este martes 8 de julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció una medida que sacude no solo el mundo del espectáculo, sino también la confianza ciudadana: la extinción de dominio sobre bienes valorados en más de 25.000 millones de pesos vinculados al cantante de boleros Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa.
La acción judicial busca despojar al artista del control sobre un conglomerado de propiedades, entre las que sobresalen el centro comercial Oasis en Girardot y dos emblemáticas discotecas en Ibagué, Cundinamarca — Kapachos y Solaris — lugares que han sido parte del pulso social y cultural de esas regiones.
Este episodio no se reduce a una simple causa legal: la Fiscalía fundamenta su investigación en testimonios de exparamilitares acogidos al proceso de Justicia y Paz. Estos testimonios describen una relación estrecha entre Zaa y alias “Daniel”, líder del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sugiriendo que el artista habría facilitado la compra y administración de inmuebles como tapadera para operaciones financieras ilegales. Según las declaraciones, estas propiedades habrían servido para lavar activos y garantizar el pago de mesadas a miembros de esa estructura armada ilegal.
La ausencia de documentación clara que justifique las inversiones y la construcción de estos bienes bajo el nombre del cantante añade un nuevo grado de inquietud a esta historia. La Fiscalía ha solicitado al juez de Justicia y Paz medidas cautelares que implican embargo, secuestro y suspensión del poder sobre estos activos, intentando así esclarecer la naturaleza de este entramado financiero que emerge en el corazón mismo del mundo artístico.
¿Es posible que la luz del bolero se haya visto eclipsada por sombras más densas? Mientras Charlie Zaa afronta esta crisis, la ciudadanía observa con atención, cuestionando cómo la cultura y la ilegalidad pueden entrelazarse bajo un mismo techo. La respuesta, suspendida en la justicia, invita a una reflexión amarga sobre la vulnerabilidad de las figuras públicas y la permeabilidad de las estructuras ilícitas en la sociedad colombiana. ¿Será este un punto de inflexión para desenmascarar viejas alianzas? El tiempo, y la justicia, lo dirán.
