📸 Cortesía: D.R.A.
¿Renunciar o resistir?
Este 20 de junio de 2025, Colombia cerró un capítulo oscuro en sus relaciones laborales: las presiones para que un trabajador abandone su puesto son ahora ilegales.
La Ley 2466 de 2025, aprobada por el Congreso y sancionada por el Gobierno nacional, responde a años de denuncias donde empleados, muchas veces en situaciones vulnerables —por razones de discriminación, enfermedades físicas o mentales, o preferencias personales—, fueron forzados a renunciar bajo acoso psicológico o presiones veladas.
Según esta normativa, cualquier maniobra destinada a inducir la renuncia voluntaria es prohibida y se enfrenta a sanciones legales. El artículo 17 resguarda a los trabajadores contra despidos o tratos discriminatorios por género, orientación sexual, religión, raza, afiliación política, embarazo o condiciones de salud. Se extiende además la protección a víctimas de violencia de género o xenofobia, blindando su derecho a conservar su empleo y a laborar con respeto.
El artículo 16 pone un límite claro a la potestad de los empleadores para imponer reglamentos internos que menoscaben la dignidad y derechos humanos, estableciendo que acciones como acoso, hostigamiento o cualquier tipo de presión para renunciar serán denunciables y castigadas.
Expertos consultados subrayan que esta ley marcará un antes y un después para la estabilidad laboral y la dignidad del trabajador en Colombia. Para sindicatos y gremios, es una victoria que abre paso a entornos laborales más humanos y justos.
Sin embargo, queda la pregunta: ¿podrán las instituciones garantizar que esta protección no sea letra muerta? A partir de ahora, la lucha no solo está en la norma, sino en hacerla cumplir. La transformación laboral, evidentemente, apenas comienza.
