📸 Imagen cortesía: Cuenta de X Ministrerio de Salud y Protección Social
¿Salud en jaque?
Este lunes 14 de julio de 2025, desde el corazón político del país, el Partido Liberal de Colombia, liderado por el expresidente César Gaviria, lanzó una petición que busca sacudir los cimientos del sistema de salud público nacional: solicitar formalmente a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud.
La acusación, plasmada en una extensa carta y acompañada de comunicados públicos, no es menor. El Partido Liberal habla de una “omisión dolosa” por parte del ministro, apuntando directamente a una gestión marcada por el “desfinanciamiento sistemático” que ha conducido al deterioro progresivo del derecho fundamental a la salud. Según este partido, el sistema hospitalario colombiano se encuentra al borde del colapso, un diagnóstico desolador que reverbera entre pacientes, médicos y directivos.
César Gaviria no escatimó críticas al describir una administración que privilegia la “imposición ideológica en lugar del diálogo técnico”. Denunció que las decisiones del ministro han provocado la quiebra de Empresas Promotoras de Salud (EPS), el colapso de hospitales, la escasez de medicamentos y una atmósfera cargada de incertidumbre tanto para los profesionales de la salud como para los usuarios. En sus palabras, “hoy, Colombia enfrenta una crisis más severa que la vivida con el antiguo Seguro Social”, una declaración que pone en perspectiva la gravedad del momento.
Detrás de esta crisis, el Partido Liberal señala que no solo el ministro Jaramillo carga con la responsabilidad. La Superintendencia de Salud y otros funcionarios también son señalados por su participación, directa o indirecta, en este deterioro institucional. Lo que describen es un entramado de “mala gestión, negligencia administrativa y soberbia institucional”. Gaviria advirtió que el desfinanciamiento crónico, la fragmentación institucional, el colapso progresivo de las EPS y los retrasos en los pagos a hospitales conforman un panorama que amenaza con dejar sin acceso efectivo y digno a la salud a grandes sectores de la población.
Mientras la Fiscalía evalúa esta solicitud, la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿podrá la justicia esclarecer si la salud pública colombiana sucumbe ante la omisión y la negligencia, o encontramos un sistema al borde del abismo por causas que van más allá de una sola administración? A partir de ahora, el país observa con atención, pues en juego está algo más que un servicio: la garantía de un derecho fundamental para millones.
