📸 Cortesía: Corte Constitucional / Presidencia
¿Reforma pensional en jaque?
Una tormenta de incertidumbre jurídica y política sacude la reforma pensional de Colombia.
Bogotá, 22 de julio de 2024. La ambicionada reforma pensional, bandera del Gobierno de Gustavo Petro, se encuentra detenida en un laberinto legal que pone en jaque su aprobación definitiva. La Corte Constitucional suspendió su entrada en vigencia el pasado 17 de junio y ordenó a la Cámara de Representantes corregir fallos en el trámite legislativo, sumiendo al país en un estado de suspense político y social.
El desencuentro comenzó cuando la Corte identificó vicios de procedimiento en la discusión y votación de la reforma en el Congreso. Como consecuencia, remitió el proyecto de regreso al Legislativo para subsanar esos errores. En una nueva votación el 28 de junio, la Cámara intentó enmendar las fallas. Sin embargo, hasta el 11 de julio no había enviado el informe exigido a la Corte, lo cual ha generado retrasos que intensifican la incertidumbre sobre el futuro del sistema pensional colombiano.
El entramado se complejiza con disputas internas en la Corte Constitucional. Medios nacionales han reportado que al menos tres magistrados se negaron a firmar el auto que ordenaba la devolución del proyecto, argumentando que el documento no reflejaba con precisión lo acordado en la Sala Plena. Esta fractura dificulta que se emita un pronunciamiento oficial detallado hacia la Cámara, prolongando el limbo jurídico.
En medio de esta confusión, el presidente Petro ha acusado al presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, de orquestar una maniobra para retrasar la aprobación definitiva, insinuando una estrategia para esperar el ingreso de un nuevo magistrado vinculado arbitrariamente. Ibáñez rechazó enfáticamente tales señalamientos y recordó que la decisión deberá ser formalmente tramitada por la Sala Plena la próxima semana, el miércoles 23 de julio.
Este pulso entre el Ejecutivo y la Corte no sólo pone en entredicho la dinámica institucional democrática, sino que también mantiene a miles de colombianos en la espera de cambios que podrían impactar sus futuros derechos jubilatorios. La cuestión sigue abierta: ¿podrá la justicia constitucional alcanzar un acuerdo sin que la política dilate indefinidamente una reforma tan crucial? ¿O seguirá el país navegando en aguas turbias, mientras la promesa de justicia social se vuelve un espejismo?
La ciudadanía observa con atención y paciencia, consciente de que detrás de este conflicto no sólo hay procedimientos legales, sino esperanzas y ansiedades de vida. La historia de esta reforma aún está por escribirse.
