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¿Justicia bajo asedio?
Este miércoles 9 de julio de 2025, en un giro que ha encendido las alarmas en Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 799 de 2025. Con él, desplazó al Consejo de Estado de su exclusiva competencia para conocer en primera instancia las acciones de tutela presentadas contra la presidencia, entregando esa jurisdicción a jueces de circuito en todo el territorio nacional.
Hasta ahora, el Consejo de Estado ejercía un control riguroso y especializado sobre las tutelas dirigidas a la mayor autoridad del país, asegurando un filtro uniforme y centralizado en el manejo judicial de perentorios controvertidos. Sin embargo, el decreto ahora distribuye esas funciones entre los jueces de circuito, esgrimiendo la intención oficial de “fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial” y evitar que una sola corporación actúe tanto en tutela como en el posterior control de legalidad, incidiendo así sobre el principio de juez natural.
La decisión no ha pasado inadvertida. Desde la oposición política, voces como la representante Katherine Miranda escenifican profunda preocupación y condena: “Lo que está haciendo Petro es un nuevo golpe contra las altas cortes. No le gusta el control, no le gusta que lo vigilen, no le gusta que le pongan límites. Va por el Consejo de Estado, quiere maniatarlo, quiere una justicia subordinada al poder político”, denunció en la red social X. En igual sentido, la senadora Paloma Valencia recordó que este movimiento erosionaría el equilibrio de poderes, pilar fundamental del Estado democrático. Ernesto Macías, exsenador, incide en la gravedad de la medida al calificarla como una violación a los límites legales previamente establecidos.
Los críticos advierten que este desplazamiento de competencias podría socavar la independencia y la especialización judicial, abriendo la puerta a una justicia más permeable a influencias políticas. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la iniciativa pretende evitar conflictos de interés y garantizar una justicia más imparcial.
La ciudadanía observa, atenta y expectante, cómo se redefine un delicado balance institucional. ¿Será este decreto un paso hacia un sistema judicial más independiente o el preludio de una justicia subordinada? La incógnita queda abierta, mientras las altas cortes suplican no perder su autonomía histórica. Y a partir de hoy, esta tensión marca un capítulo que podría definir el futuro del equilibrio de poderes en Colombia.
