📸 Imagen cortesía: Laboratorio Clínico Keralty
¿Crimen o represalia?
Este miércoles 16 de julio de 2025, en Bogotá, se disparó una nueva crisis entre el Gobierno colombiano y el sector privado de salud. Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty, anunció que la empresa interpondrá denuncias penales en Colombia y en instancias internacionales contra el presidente Gustavo Petro y varios miembros de su gabinete, tras las graves acusaciones que el mandatario lanzó la víspera.
El martes 15 de julio, durante un consejo de ministros transmitido en cadena nacional, Petro no dudó en calificar a Grajales de “criminal” y aseguró que el consorcio español detrás de EPS Sanitas habría cometido crímenes de lesa humanidad y participado en la financiación irregular de campañas políticas en Colombia. “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y tiene que irse”, afirmó con vehemencia, mientras insinuaba que elevaría el caso a la esfera diplomática con España. Además, responsabilizó a EPS como Sanitas del “desfalco al sistema sanitario” y sostuvo que los perjuicios a la salud pública configurarían un crimen de lesa humanidad.
Ante tales señalamientos, la respuesta del Grupo Keralty no se hizo esperar. En un comunicado contundente, Grajales rechazó categóricamente las acusaciones. Denunció una “campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos”, que busca socavar la legitimidad del trabajo de la empresa y manchar la reputación de sus líderes sin base alguna. El comunicado también recordó el reciente fallo de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención gubernamental sobre EPS Sanitas, poniendo en perspectiva la disputa legal en curso.
Esta confrontación, lejos de ser un simple intercambio de palabras, evidencia un profundo desgaste en la relación entre el Gobierno y uno de los sectores claves para la salud pública. Detrás de los términos legales y las acusaciones graves, están los pacientes, la confianza erosionada y un sistema sanitario en tensión. La pregunta se impone: ¿será esta guerra de denuncias el preludio de un ajuste de cuentas más profundo, o una distracción que dilata las soluciones urgentes a los problemas de salud que enfrentan los colombianos?
Mientras tanto, la ciudadanía observa con inquietud cómo se encienden los ánimos entre quienes deberían colaborar para garantizar el derecho a la salud, preguntándose si, en medio de este conflicto, se podrá esclarecer la verdad o si prevalecerá un eco vacío de acusaciones y represalias.
