📸 Imagen cortesía: Cuenta de X Armando Benedetti
¿Privilegios o servicio público?
Un vuelo inesperado levanta más que polvo en el Ministerio del Interior.
Bogotá, 25 de junio de 2025. Juliana Guerrero, una joven de 22 años que ejerce como coordinadora de gabinete en el Ministerio del Interior, se encuentra en el centro de una tormenta política. El 19 de junio, viajó en un avión oficial de la Policía Nacional desde Bogotá hasta Valledupar, acompañada de su hermana. Lo que debía ser un traslado laboral se tornó rápidamente en una polémica que abre dudas sobre el uso adecuado de recursos públicos y la transparencia en el manejo del Estado.
Según informes, Guerrero participó en labores relacionadas con la política de «Paz Total», una iniciativa del gobierno para la reconciliación nacional. Sin embargo, la publicación de un reportaje por Noticias Uno, junto con evidencias en redes sociales, mostró una aparente incongruencia entre el desplazamiento oficial y el carácter del viaje, lo que llevó a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía a iniciar investigaciones para esclarecer si hubo un uso indebido de recursos estatales.
El origen de esta controversia no solo tiene que ver con el vuelo mismo, sino con el perfil de la joven funcionaria. Activista política y parte activa de la campaña presidencial de Gustavo Petro, su ascenso acelerado en el aparato gubernamental ha sido cuestionado por sectores que señalan la falta de credenciales formales, ya que no ha completado estudios universitarios. Su nombramiento, según fuentes, se vio impulsado por el coronel (r) William Castellanos, exjefe de seguridad presidencial y figura influyente dentro de la Casa de Nariño, quien facilitó la integración de Juliana y su hermana en cargos públicos.
Frente a la creciente presión mediática, el presidente Petro defendió a Guerrero con palabras que mezclan reproche y protección: “Critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado que no era para él, sino para Colombia, porque va en un avión”. Esta declaración, lejos de apagar la controversia, invita a reflexionar sobre las fronteras entre el servicio público, la confianza gubernamental y las sombras de favoritismos que erosionan la credibilidad institucional.
Mientras los órganos de control avanzan en sus indagaciones, la pregunta permanece: ¿Puede el servicio público liberarse del velo de privilegios que lo ensucia, o seguirá siendo una pantalla para intereses paracorporativos? En este episodio, más que respuestas hay incertidumbre, pero también el recordatorio de que la transparencia es el cimiento obligado para sostener cualquier proyecto democrático.
