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¿Carbón bajo fuego? La encrucijada de Colombia e Israel
En una jornada marcada por la polémica y la desconfianza, Bogotá, 24 de julio de 2025. La disputa sobre la exportación de carbón colombiano a Israel se mantiene encendida, casi un año después de la implementación del controvertido decreto presidencial que busca poner freno a este comercio.
El 20 de agosto de 2024, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1047, una medida clara y contundente que prohíbe la exportación de carbón térmico a Israel, salvo para contratos previos autorizados por un comité estatal. La intención: detener la cooperación económica en un contexto de rechazo a la guerra en la Franja de Gaza, donde la palabra “humanidad” ha tomado un protagonismo doloroso y urgente.
Sin embargo, esta disposición ha tropezado con la realidad de las grandes multinacionales mineras que operan en Colombia. Empresas como Drummond y Glencore, protagonistas indiscutibles del sector, han sido acusadas por el propio presidente de persistir en sus envíos, desafiando una prohibición que para muchos es un imperativo ético y político. Petro no dudó en calificar esa actitud como una desobediencia casi criminal, apuntando al hecho escalofriante de que hasta un 60% del carbón consumido en Israel proviene del suelo colombiano.
La respuesta oficial de las compañías mineras no se hizo esperar. Cerrejón, compañía bajo el paraguas de Glencore, señaló que su último envío autorizado ocurrió días antes de la vigencia del decreto, el 3 de agosto de 2024, y que desde entonces no ha despachado ni solicitado permisos para exportar más carbón hacia Israel. Una versión que sirve para contraponer la acusación presidencial con los registros documentales y la aparente intención de acatar la norma.
Este choque de versiones refleja tensiones que van más allá de un simple acto comercial. Es una fractura que atraviesa la relación entre Estado y sector privado, mientras sindicatos y movimientos sociales observan con preocupación la manera en que se gestiona un recurso nacional, cuyas implicaciones políticas y morales trascienden las hojas de balance.
Las consecuencias de esta controversia todavía están por despejarse. Petro anuncia la posible invocación de los mecanismos de la Organización Mundial de Comercio, buscando cortar de raíz lo que considera una complicidad en “crímenes contra la humanidad”. Pero, en medio de esta batalla diplomática y económica, la pregunta que queda flotando en el aire es si esta pugna permitirá esclarecer la verdad y garantizar que la voluntad política se traduzca en justicia para quienes sufren en escenarios lejanos, a costa del carbón que extraen del subsuelo colombiano.
La ciudadanía observa expectante, mientras el carbón, ese mineral oscuro pero vital, se convierte en símbolo y motivo de un debate que no solo enfrenta a poderes económicos y políticos, sino que pone en juego la ética de una nación en tiempos de guerra. ¿Habrá una solución que equilibre intereses y principios? Por ahora, la incertidumbre permanece, teñida de un gris tan profundo como las minas mismas.
