📸 Cortesía: Presidencia
¿Reelección o ruptura institucional?
Este 20 de julio de 2025, en plena instalación del nuevo periodo legislativo en Bogotá, una palabra resonó con fuerza en el Congreso y las redes: “reelección”.
Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial desde la Casa de Nariño, pronunció en voz alta un compromiso que no solo sorprendió, sino que incendió la escena política colombiana: hacer todo lo posible para que Gustavo Petro sea repostulado en 2026. La declaración, lejos de ser un simple acto de lealtad partidaria, ha desatado una tormenta de denuncias y una palpable tensión institucional.
Colombia se encuentra en el epicentro de una controversia con raíces profundas. La Constitución Política del país es clara: prohíbe la reelección presidencial consecutiva más allá de dos periodos, una barrera ideada para cuidar la democracia y evitar el monopolio del poder ejecutivo. El artículo 197, en esta coyuntura, se erige como un bastión legal frente a las palabras de Saade, que para muchos representan una violación directa al orden democrático.
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde la oposición hasta sectores del propio gobierno, las voces se alzaron con preocupación y rechazo. Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia, no tardó en formalizar una denuncia penal contra Saade, calificando sus declaraciones como un atropello a la Carta Magna. “No vamos a permitir que se pisotee la Constitución. La defendemos con hechos”, sentenció en sus redes sociales. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación recibió una queja disciplinaria por la posible participación indebida en política y la falta de neutralidad que implicaría la postura pública del jefe de despacho.
Pese a estar cerca del poder, Saade ha quedado en el centro de una fractura evidente. En el interior del gobierno, las críticas internas han comenzado a visibilizar tensiones que podrían reflejar un desgajamiento en el gabinete, una chispa que pone en evidencia no solo la debilidad formal ante una controversia jurídica, sino también la incertidumbre política que atraviesa al ejecutivo.
¿Se trata de un impulso legítimo por mantener un proyecto político o de un riesgo que erosiona las bases democráticas? La ciudadanía, mientras tanto, observa con creciente inquietud cómo las reglas de juego parecen dilatarse bajo el peso de intereses que desafían el esquema constitucional. El 2026 se acerca y con él, la pregunta inevitable: ¿podrá Colombia sostener su democracia sin socavar sus propios límites?
