📸Cortesía: Presidencia
ACUERDO BINACIONAL ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA GENERA POLÉMICA POLÍTICA EN COLOMBIA
El pasado 17 de julio de 2025, Colombia y Venezuela firmaron un memorando para establecer una zona binacional en la frontera norte, que comprende departamentos como Norte de Santander, Cesar y La Guajira, y los estados venezolanos de Táchira y Zulia. La medida busca impulsar el desarrollo económico y la paz en esta zona fronteriza, pero ha generado críticas en Colombia por parte de la oposición, que denuncia una supuesta entrega de soberanía al gobierno de Nicolás Maduro.
El acuerdo fue suscrito por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. El documento establece acciones conjuntas en comercio, infraestructura, proyectos sociales, educación, turismo y salud, y coordina esfuerzos para combatir problemáticas como el contrabando y el narcotráfico en la región. Sin embargo, no se han divulgado todos los detalles del texto, lo que ha alimentado la controversia y desconfianza entre sectores políticos y la ciudadanía.
“Estamos frente a una afrenta contra la soberanía territorial que pone en riesgo la seguridad en áreas donde operan grupos armados ilegales como el ELN y estructuras del narcotráfico”, afirmó Álvaro Uribe, expresidente y líder de la oposición. Dijo además que “una de las primeras decisiones del próximo gobierno será cancelar esa zona binacional”. Por su parte, la senadora Paloma Valencia calificó el acuerdo de posible preludio a pactos con guerrillas, y la representante Luz Pastrana anunció la convocatoria a un debate de control político en el Congreso para exigir explicaciones oficiales.
El contexto de esta iniciativa se enmarca en intentos por mejorar las condiciones sociales y económicas en una región que por años ha sido marginada y afectada por el conflicto y la ilegalidad. Sin embargo, frente a la incertidumbre y la ausencia de información completa, diferentes sectores llaman a la prudencia y al seguimiento riguroso de los avances del acuerdo.
La situación seguirá siendo monitoreada por las autoridades y la opinión pública, en medio de un ambiente político tenso. La bancada opositora insiste en que se debe garantizar la soberanía y seguridad nacional, mientras la administración actual defiende la propuesta como un instrumento para la estabilidad y el progreso en la frontera norte.
