📸 Cortesía: Presidencia
[ELN y Gobierno colombiano rompen diálogos de paz tras secuestro y ataques en Catatumbo y Arauca]
El Gobierno colombiano rompió oficialmente los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el secuestro de dos agentes de la Dijín y una serie de ataques violentos en la región del Catatumbo y Arauca, que han agravado la crisis de seguridad en el nororiente del país. La decisión fue anunciada luego de que se confirmara la retención de los policías y se responsabilizó directamente al ELN por esta acción y otros hechos violentos.
El 20 de julio de 2025, los subintendente Franki Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza fueron interceptados por hombres armados del Frente de Guerra Oriental del ELN en la vía entre Tame y Arauca. El grupo guerrillero confirmó la retención de los uniformados en un comunicado fechado el 22 de julio, asegurando que permanecen “sanos y salvos” y advirtiendo que cualquier daño resultante de un rescate será responsabilidad de la fuerza pública.
Además del secuestro, en la misma fecha, la región sufrió ataques que dejaron tres soldados muertos tras un ataque con drones en El Carmen, Norte de Santander. También se registró un nuevo paro armado anunciado por el ELN en Chocó, generando confinamientos y restringiendo la movilidad de la población civil. Estas acciones violentas fueron el detonante para la ruptura de las negociaciones de paz.
“Al atacar a sangre y fuego a civiles de manera sistemática en el Catatumbo, rompieron las conversaciones de paz”, señaló el presidente Gustavo Petro, quien responsabilizó al ELN por la escalada de violencia. De acuerdo con el mandatario, estos hechos demuestran que la organización no tiene voluntad de paz y continúan con sus acciones armadas que afectan a la población civil.
Ante esta emergencia, las autoridades mantienen alerta en los departamentos afectados y realizan esfuerzos para mitigar el impacto en las comunidades. La Policía Nacional y los organismos de seguridad monitorean constantemente la situación, mientras se aguarda un pronunciamiento formal del Gobierno sobre los pasos a seguir en materia de seguridad y política pública.
