📸 Imagen cortesía: Cuenta de X Lidio García
¿Zona binacional o frontera en sombras?
Este domingo 27 de julio de 2025, desde la presidencia del Senado colombiano, Lidio García Turbay alzó una voz de alerta que resuena más allá de las fronteras. La reciente firma de un acuerdo binacional con Venezuela para crear una “zona de paz, unión y desarrollo” en el límite territorial entre ambos países desató una inquietud profunda sobre su transparencia y consecuencias.
El acuerdo, rubricado el 19 de junio en Caracas bajo el impulso del gobierno de Gustavo Petro, no ha sido acompañado de una divulgación precisa sobre sus términos ni de los mecanismos para su implementación. Esa ausencia de claridad prendió las alarmas entre sectores políticos y sociales que ven en él riesgos para la soberanía nacional, la economía lícita e ilícita y la seguridad fronteriza.
Para García Turbay, elegido presidente del Congreso apenas una semana antes, estas preocupaciones cobran especial relevancia en un contexto político convulso y en plena coyuntura electoral. “No genera confianza un acuerdo negociado de manera opaca, sin conocimiento del Congreso ni de la ciudadanía”, denunció en sus redes sociales. Frente a ello, anunció la creación de una comisión accidental desde el Senado, con la misión de dialogar con los responsables del acuerdo y, sobre el terreno, evaluar sus impactos directos en la economía, la seguridad y las comunidades rurales afectadas.
Este paso del Legislativo busca romper con un vacío informativo que ha erosionado la confianza ciudadana en una decisión que toca fibras sensibles de la política fronteriza y la soberanía nacional. ¿Podrá esta inspección parlamentaria esclarecer las sombras que envuelven el pacto? ¿O quedará atrapada en la telaraña de intereses y agendas cruzadas que caracteriza la política fronteriza colombiana?
Mientras tanto, la frontera sigue en espera de respuestas claras, en un escenario donde el diálogo, la transparencia y la supervisión se erigen como necesidad vital para no sacrificar las expectativas legítimas de paz y desarrollo que el acuerdo prometió.
