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El régimen venezolano enfrenta una crisis de magnitud y control absoluto un año antes de las elecciones presidenciales de 2024
A un año de las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de 2024, el régimen de Nicolás Maduro consolida su dominio sobre las instituciones y territorios de Venezuela, mientras la represión política y la crisis económica profundizan la precariedad en el país. Organismos de derechos humanos y proyecciones económicas alertan sobre un panorama marcado por el aislamiento internacional y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población.
Desde su proclamación en enero de 2025, en unas elecciones calificadas como fraudulentas por la comunidad internacional, Maduro ha fortalecido el control estatal. En la jornada de elecciones municipales del 27 de julio de 2025, el ambiente fue de apatía y temor, con poca participación ciudadana. Según datos oficiales, el chavismo obtuvo la mayoría de las 335 alcaldías y cerca de 2.500 concejalías, en un proceso donde la oposición verdadera estuvo marginada: sus líderes fueron inhabilitados, exiliados o encarcelados, y sectores opositores fueron cooptados para simular pluralismo.
La represión se ha intensificado desde las elecciones presidenciales de julio de 2024. La organización internacional WOLA ha denunciado prácticas que califican de “terrorismo de Estado”, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y negación de derechos fundamentales, especialmente contra militantes opositores y críticos del régimen. Edmundo González Urrutia, principal candidato opositor, tuvo que salir del país en septiembre de 2024 para evitar persecución.
El contexto de crisis económica, marcada por la inflación, escasez de productos básicos y sanciones internacionales, agrava la situación social y limita las opciones políticas dentro de Venezuela. Ante esta emergencia, se espera que la comunidad internacional continúe observando de cerca los procesos electorales y la situación de los derechos humanos.
La oposición y organizaciones civiles hacen un llamado a la vigilancia y al respaldo a las víctimas de persecución política. También recomiendan a la población mantenerse informada y ejercer presión para la restauración de procesos democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.
