📸 Imagen cortesía. EFE
¿Justicia sin precedentes?
Este viernes 1 de agosto de 2025, la historia judicial de Colombia cambió para siempre en Bogotá. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria y a una multa superior a 3.444 millones de pesos. La jueza 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia, lo halló culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por más de ocho años. Por primera vez un exmandatario colombiano recibe un fallo condenatorio en primera instancia.
Uribe, de 73 años, quedó en el centro de una compleja trama que involucra la búsqueda sistemática de testigos en cárceles entre 2017 y 2018 para manipular las versiones judiciales a su favor. El abogado Diego Cadena, hoy procesado, fue pieza clave en este entramado. Las evidencias que presentaron la jueza incluyeron interceptaciones telefónicas comprometedoras entre Uribe y Cadena, así como grabaciones que prueban el diseño de un plan para influir en testimonios judiciales, entre ellos los de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”.
Los aportes económicos y judiciales a estas personas buscaban moldear las declaraciones que debían rendir ante los tribunales. “Víctor”, por ejemplo, habría recibido 26 millones de pesos para favorecer la versión de Uribe. Otro testimonio grabado por la mujer conocida como Eurídice Cortés, alias “Diana”, intentó mejorar la imagen del expresidente ante la Corte Suprema de Justicia. Pese a que Uribe fue absuelto en un caso puntual que involucraba a una exfiscal condenada por corrupción, la condena principal no dejó dudas sobre la existencia de un fraude procesal.
Este fallo de más de mil páginas no solo sacude al expresidente sino que coloca un espejo frente a la justicia colombiana: la confianza erosionada en instituciones y actores judiciales cobra ahora un precio. La ciudadanía observa con expectación cómo se despliegan las reacciones políticas y legales. ¿Será esta condena un punto de inflexión para la justicia colombiana o el comienzo de nuevas tensiones en un país marcado por la polarización? Mientras tanto, la sentencia abre la pregunta inevitable: ¿podrá la justicia esclarecer hasta fondo una maraña de influencias y presiones que han teñido la democracia?
