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Condena a Álvaro Uribe genera controversia por presunta persecución política
El 1 de agosto de 2025, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal, según fallo emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia. La decisión judicial ha provocado un intenso debate entre sectores políticos y sociales del país.
Jerónimo Uribe, hijo del expresidente, denunció públicamente que la condena responde a una “persecución política” impulsada desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. En un documento difundido ese mismo día, aseguró que se está “instrumentalizando la justicia para eliminar a la oposición” y calificó el proceso como un “lawfare de la izquierda radical contra Uribe y la oposición”.
De acuerdo con la denuncia de Jerónimo Uribe, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro se han desarrollado maniobras jurídicas en contra de su padre, en las que señala al fiscal Eduardo Montealegre, designado ministro de Justicia por Petro, como pieza clave en esta judicialización con fines políticos. Además, alertó sobre una posible estrategia gubernamental para modificar la ley penal que beneficiaría a narcotraficantes, entre ellos testigos del caso contra Uribe, como Juan Guillermo Monsalve.
Este caso se enmarca en un contexto político polarizado, donde los sectores aliados al expresidente advierten sobre un supuesto intento del gobierno de Petro por “perpetuar un estado narcosocialista y destruir opositores mediante campañas de desprestigio”. Por ahora, las autoridades continúan con los procedimientos legales relacionados y se mantiene la atención sobre las posibles repercusiones en la escena política nacional.
