Defensa de Uribe busca suspender detención domiciliaria con tutela urgente

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Defensa de Álvaro Uribe radica tutela para suspender su detención domiciliaria

Este lunes 4 de agosto de 2025, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá, solicitando la suspensión inmediata de la detención domiciliaria que se le impuso tras su condena a 12 años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal.

La detención domiciliaria fue ordenada el 1 de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal de Bogotá, luego de una sentencia que la jueza Sandra Liliana Heredia fundamentó en pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de Uribe. La magistrada también señaló que la defensa habría incurrido en maniobras dilatorias durante el proceso, lo que motivó la privación de la libertad.

En la tutela, el equipo jurídico liderado por Jaime Granados y Jaime Lombana argumenta que la medida vulnera derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Solicitan que, en caso de ya estar en ejecución la detención domiciliaria, se restablezca la libertad del expresidente mientras se resuelve la acción de fondo. Además, piden anular el numeral cuarto de la sentencia por considerarlo arbitrario y sin motivación jurídica suficiente. Los abogados citan precedentes de la Corte Suprema y la Corte Constitucional que exigen rigor y excepcionalidad para privaciones de libertad en casos no ejecutoriados.

“Consideramos que la jueza Sandra Heredia transgredió derechos fundamentales, incluida la dignidad humana”, afirmó Jaime Granados, defensor de Uribe. Esta acción se suma a la controversia judicial que rodea al expresidente, cuya situación sigue generando atención nacional.

Las autoridades judiciales aún no se han pronunciado sobre la tutela presentada. Se espera que en los próximos días se defina si se suspende la detención domiciliaria mientras avanza el trámite constitucional. La defensa insiste en que se respeten las garantías procesales y se asegure el debido proceso durante todo el proceso.

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