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¿Justicia en manos nuevas?
Este lunes 29 de mayo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá enfrenta una de las decisiones más delicadas de los últimos años: revisar la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal.
Los encargados de esta tarea son tres magistrados que han asumido el caso con la carga de un expediente denso y polémico: Manuel Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo. Cada uno aporta una trayectoria que, lejos de la política y el ruido mediático, se ha forjado en el rigor jurídico y la experiencia en procesos complejos. Merchán, con formación internacional y paso por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, jugó un papel clave en la validación de unas interceptaciones telefónicas que hoy vuelven al debate. Ossa, especialista en casos de alto perfil, y Oviedo, con un recorrido entre la Fiscalía y los juzgados de Cali, completan el tribunal que debe decidir sobre el futuro judicial de Uribe.
Desde la sentencia original, firmada por la jueza Sandra Liliana Heredia el 28 de julio pasado, la defensa de Uribe no ha cesado en su empeño por desmontar los argumentos que llevaron a la condena. El recurso de apelación depositó la pelota en el tejado de este trío de magistrados, quienes tendrán hasta el 16 de octubre de 2025 —fecha en que el caso prescribirá— para escudriñar cada prueba, cada testimonio y cada interpretación legal. Entre los elementos más controvertidos están las llamadas interceptadas y la declaración del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, cuyo señalamiento sobre presuntos vínculos de Uribe con el «Bloque Metro» paramilitar ha sido, desde siempre, la piedra angular de la acusación.
La incertidumbre pesa más allá del expediente. ¿Confirmarán la sentencia? ¿La modificarán o la revocarán? El país observa con atención y cierto escepticismo, pues en este proceso se juegan no solo la reputación de un exmandatario, sino la confianza en un sistema judicial que ha sido sacudido por múltiples controversias. La voz de los jueces, su imparcialidad y rigor, serán la luz en un caso en que las sombras del poder político parecen siempre al acecho.
Mientras tanto, la justicia se mueve lentamente, pero la expectativa ciudadana crece: ¿podrá la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá actuar con la autonomía y el compromiso que la democracia exige? ¿O continuará la duda erosionando la confianza en la verdad y la equidad? El tiempo empezará a responder, y el rostro humano detrás de estas decisiones será, quizá, lo más importante de todo.
