📸 Imagen cortesía D.R.A
¿Influir o prescribir?
Este viernes 8 de agosto de 2025, la Corte Suprema de Justicia decidió que Antonio Sanguino, actual ministro de Trabajo, seguirá enfrentando un proceso penal por tráfico de influencias. El caso se enmarca en el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ que sacudió a Bogotá.
El tribunal determinó que, aunque los hechos correspondientes a 2008 prescribieron y fueron archivados, la investigación continúa abierta para las conductas atribuidas a 2009, periodo en que Sanguino era concejal de Bogotá. De acuerdo con las acusaciones, Sanguino habría intervenido para que un contratista se beneficiara con un millonario contrato relacionado con la construcción y dotación de la nueva sede del Hospital de Usme.
Documentos judiciales apuntan a que, tras la llegada de Liliana Paternina a la gerencia del hospital —cuyo nombramiento presuntamente influenciado por Sanguino—, la licitación fue direccionada hacia una empresa ligada a Héctor Julio Gómez González, operador clave del entramado corrupto conocido como ‘carrusel de la contratación’.
El magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, de la Sala Especial de Primera Instancia, firmó el auto que negó la prescripción de los hechos de 2009 y reafirmó la acusación por tráfico de influencias, limitando el proceso a esclarecer la manipulación contractual en el Hospital de Usme. En contraste, las supuestas reuniones de 2008 relacionadas con el nombramiento de Paternina fueron archivadas por prescripción penal.
La Corte Suprema fijó la audiencia de continuación para el jueves 14 de agosto a las 3:30 p.m., y recordó que esta decisión aún puede ser objeto de recursos de reposición y apelación.
Mientras la justicia avanza entre sombras de contratos oscuros y presuntos favores políticos, la ciudadanía pregunta: ¿logrará esclarecerse el entramado o las dilaciones erosionarán la confianza pública?
