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¿Magnicidio o justicia fragmentada?
Este jueves 4 de abril, en Colombia, la palabra “magnicidio” resuena en las voces de medios y ciudadanos, aunque no figure como delito autónomo en el Código Penal.
El magnicidio, más que un término jurídico, es un eco que retumba en la historia política colombiana: el asesinato intencionado de líderes de alto poder — presidentes, jefes de Estado, figuras clave — motivado por razones políticas o ideológicas. Sin embargo, en los textos legales colombianos, estos crímenes son procesados como homicidio agravado bajo el artículo 104, que contempla penas severas por atacar a quienes detentan un lugar de especial protección.
Este entramado legal no es casual. La historia trágica del país está marcada por figuras cuyo final violento sacudió la nación. Jorge Eliécer Gaitán en 1948, Luis Carlos Galán en 1989 y más recientemente el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyas muertes han sido definidas mediáticamente como magnicidios, aunque la justicia las encuadre en categorías distintas. En noviembre de 2024, un acto inédito: el Estado colombiano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional en el magnicidio del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez.
¿Por qué insiste el término “magnicidio” pese a no existir formalmente? Porque la sociedad busca nombrar lo insoportable, darle forma al vacío que deja la pérdida de un líder. Es un concepto que convoca memoria, señala un blanco político, y trae a la luz la fragilidad de la democracia frente a la violencia. Pero también revela la distancia entre lenguaje popular y criterios legales, entre el dolor colectivo y los tecnicismos procesales.
Mientras tanto, Colombia sigue enfrentando la incómoda realidad de sus muertos ilustres, con un sistema judicial que sanciona reediciones del horror bajo etiquetas técnicas, y una ciudadanía que se pregunta cuánto tardará en esclarecer estos crímenes y garantizar que no se repitan. ¿Podrá la justicia avanzar cuando la palabra que duele no encuentra un sitio claro en las leyes? ¿O el magnicidio seguirá siendo solo un eco en las páginas de la historia violenta de esta nación?
El país observa, espera y sigue buscando respuestas.
