📸 Imagen cortesía: Procuraduría General de la Nación
¿Justicia entre dudas y apelaciones?
Este lunes 11 de agosto de 2025, en Bogotá, la Procuraduría General de la Nación dio un nuevo giro en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con una apelación de 81 páginas, busca que el Tribunal Superior de Bogotá revoque la condena de 12 años de prisión domiciliaria dictada en su contra.
La sentencia, proferida el 28 de julio y confirmada a inicios de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito, había encontrado a Uribe culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin embargo, la Procuraduría señala que esa decisión se basó en conjeturas y errores en la valoración de pruebas, sin alcanzar la certeza de “más allá de toda duda razonable” necesaria para sostener la figura penal de determinación. Según Bladimir Cuadro Crespo, procurador delegado y firmante del recurso, la jueza no examinó a fondo este aspecto crucial —la real participación y conocimiento de Uribe en los hechos.
La apelación, presentada formalmente ante la Sala Penal del Tribunal Superior, refleja no solo un choque jurídico sino también la incertidumbre que rodea uno de los casos más emblemáticos de la política colombiana reciente. Por un lado, la acusación intenta desmontar el fallo y preservar la presunción de inocencia; por otro, la sentencia inicial había provocado movilizaciones sociales y debates sobre la transparencia y la justicia en el país.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue expectante ante un proceso que desvela tensiones entre el aparato judicial y la esfera política, preguntándose si la justicia podrá esclarecer la verdad en medio de las sombras y los intereses cruzados. ¿Será esta apelación el paso definitivo para disipar la incertidumbre, o prolongará la fragmentada confianza en las instituciones? El camino se abre, aún bajo una tenue luz.
