📸 Cortesía: captura de pantalla redes sociales / Colprensa
Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe tras revisión del caso por Tribunal Superior de Bogotá
En la mañana del martes 19 de agosto de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de identificar errores fundamentales en la decisión inicial que lo había condenado y enviado a detención domiciliaria. La medida anulada fue dictada por la jueza Sandra Heredia después de imponer una condena de 12 años por soborno en actuación penal y fraude procesal.
El Tribunal revisó la tutela presentada por Uribe tras la sentencia del 1 de agosto de 2025 en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. Allí concluyó que la orden de privación de libertad carecía de justificación suficiente debido a criterios imprecisos y subjetivos. Los magistrados señalaron que conceptos utilizados como “efecto ejemplarizante” y “convivencia pacífica” no demostraban una necesidad real ni respetaban garantías constitucionales, evidenciando una decisión motivada por la imagen pública más que por fundamentos legales.
Entre las fallas señaladas por el Tribunal Superior destacan la falta de análisis sobre el riesgo de fuga o reincidencia, a pesar de que Uribe probó arraigo y colaboración con el proceso. También se cuestionó que la jueza haya basado su fallo en aspectos relacionados con el reconocimiento social del expresidente, lo que afecta la objetividad judicial. La buena conducta procesal del acusado tampoco fue considerada en la decisión inicial.
De acuerdo con el Tribunal, estos errores vulneraron derechos fundamentales y desvirtuaron la aplicación correcta de la ley en el caso de alto perfil. Ante esta situación, la libertad de Álvaro Uribe Vélez fue restituida de manera inmediata. El órgano judicial hizo un llamado a respetar estrictamente los criterios legales y constitucionales para la imposición de medidas restrictivas en futuros procesos.
Se espera que, tras esta decisión, el proceso jurídico continúe bajo estricta vigilancia y conforme a las garantías del debido proceso, para asegurar una resolución justa y transparente del caso. Las autoridades mantienen abierta la investigación y reafirmaron su compromiso con el respeto a la justicia.
