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¿Más impuestos, más equidad?
Este lunes 1 de septiembre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro llevó a la Cámara de Representantes una nueva reforma tributaria con la ambición de recaudar 26,3 billones de pesos —unos 6.544 millones de dólares— para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en 556,9 billones de pesos.
La presentación del proyecto, encabezada por el ministro de Hacienda Germán Ávila, ocurre en un momento delicado para las finanzas públicas colombianas. Tras la suspensión de la regla fiscal y la degradación de la calificación crediticia internacional, el déficit público superó el 7 % del PIB, presionando la estabilidad económica del país y exigiendo respuestas urgentes desde el Ejecutivo.
Esta reforma plantea cambios sustanciales en el sistema tributario, con énfasis en la progresividad. Para quienes ganan más de 8 millones de pesos mensuales, la tarifa marginal del impuesto sobre la renta sube del 28 % al 29 %, mientras que los niveles inferiores mantienen sus actuales condiciones. “Queremos que los que más tienen contribuyan con más, en proporción a su capacidad de pago”, puntualizó Ávila, buscando un equilibrio entre justicia fiscal y sostenibilidad.
En el terreno de los impuestos indirectos, el documento propone incluir en la base gravable del IVA al 19 % sectores hasta ahora exentos o con beneficios especiales: juegos de azar, plataformas digitales e incluso iglesias. Además, se elimina la exención del IVA a turistas extranjeros en hospedajes, aunque se contempla que recuperen este impuesto al salir del país. Otro foco de ajuste es el sector automotor; los vehículos híbridos verían subir el IVA del 5 % al 19 %, mientras automóviles de lujo y motocicletas de alta cilindrada también enfrentarán cargas mayores, buscando incentivar tecnologías más limpias y racionalizar beneficios tributarios.
Esta propuesta fiscal refleja la compleja encrucijada del gobierno frente a un panorama económico que exige recaudar sin sacrificar al consumo básico ni a los sectores más vulnerables. La ciudadanía observa con expectación y cierto escepticismo cómo se desarrollará este debate, consciente de que el gasto público necesita más recursos, pero también de que la confianza en la economía depende de la transparencia y justicia de las medidas adoptadas.
¿Será esta reforma la respuesta para encauzar las finanzas públicas? El Congreso tendrá la última palabra, mientras Colombia navega en la incertidumbre del equilibrio fiscal y social.
