📸 Cortesía: Prensa Jennifer Pedraza
Designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes genera polémica en Colombia
El nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad ha generado controversia desde finales de agosto de 2025, cuando fue anunciado oficialmente. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza cuestionó la designación, argumentando que Guerrero no cumple con los requisitos legales para el cargo.
Guerrero, de 23 años, fue designada pese a que la Resolución 178 de 2024 y el manual de funciones exigen título profesional válido, tarjeta profesional vigente y al menos dos años de experiencia laboral tras graduarse. Según Pedraza, Guerrero no cuenta con experiencia certificada ni la tarjeta profesional, y su título en Contaduría Pública, otorgado por la Institución Tecnológica San José de Bogotá el 19 de julio, apareció de forma repentina en su hoja de vida, lo que ha causado sospechas sobre la legitimidad del trámite, especialmente porque no presentó el examen Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse en Colombia.
“El nombramiento es una burla y una traición al movimiento social que impulsó la creación del ministerio y la agenda juvenil”, afirmó Pedraza, quien además denunció investigaciones disciplinarias abiertas contra Guerrero por presunto uso indebido de aeronaves oficiales para actividades personales. La congresista pidió al Departamento de Función Pública toda la documentación sobre la formación académica de la viceministra y el proceso de su titulación.
El presidente Gustavo Petro defendió la designación y ratificó su confianza en Guerrero, señalando que la elección responde a criterios de representación juvenil y compromiso con la agenda social. Ante esta controversia, la opinión pública espera el pronunciamiento de las entidades competentes y la revisión detallada de los requisitos para cargos públicos en el sector.
La ciudadanía y los sectores sociales vinculados al Ministerio de Igualdad hacen un llamado a la transparencia en los procesos de designación y a respetar las normativas vigentes para garantizar la credibilidad y efectividad de las políticas públicas en juventudes.
