📸 Imagen cortesía: Cuenta de X ministerio de Justicia y del Derecho
¿Notarías en venta?
Un señalamiento que sacude la justicia colombiana.
El 4 de septiembre de 2025, en Bogotá, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. Su acusación: la posible existencia de una red de funcionarios públicos y particulares negociando cargos notariales a cambio de sobornos. Este acto responde a las alarmantes revelaciones públicas del presidente Gustavo Petro, quien días antes había denunciado en redes sociales la existencia de rumores que apuntaban a pagos millonarios para asegurar cupos en el concurso público de notarios, uno de los procesos más esperados y rigurosos del sector público colombiano.
El documento entregado por Montealegre no escatima en gravedad. Señala que las afirmaciones del presidente sugieren una presunta venta de cupos; incluso se habrían mencionado sumas de hasta mil millones de pesos por cargo. La denuncia deja en claro que esta posible corrupción compromete la integridad del Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado, y que la situación requiere una acción inmediata y coordinada para esclarecer los hechos.
El concurso en cuestión, organizado por la Universidad Libre, está por comenzar sus inscripciones el próximo 9 de septiembre. Moviliza recursos por más de 8.127 millones de pesos y espera recibir la inscripción de más de 18.000 aspirantes en todo el país. La misión es designar más de 300 notarías mediante un proceso meritocrático que, según el Ministerio, se rige por estrictos estándares de transparencia y legalidad. Sin embargo, estas denuncias levantan una sombra que pone en cuestionamiento la confiabilidad del sistema.
Mientras tanto, la Procuraduría General activó un esquema de vigilancia preventiva y exigió información urgente sobre el desarrollo del concurso. La Fiscalía, por su parte, abrió investigaciones para dar con los responsables de estas supuestas maniobras corruptas. En medio de este entramado, la ciudadanía observa con recelo una posible corrupción que podría erosionar la confianza en uno de los servicios públicos más simbólicos y delicados del país.
Al cierre de esta historia, la inquietud permanece: ¿podrá Colombia garantizar que los notarios sean escogidos con transparencia, o estas sombras persistirán, marcando un vacío institucional difícil de llenar? La justicia está convocada a responder, pero el tiempo apremia y el país necesita certezas.
