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¿Justicia en jaque en Pradera?
El martes 9 de septiembre de 2025, la noche se quebró en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, cuando José Dorián Jiménez Salazar, secretario de Gobierno, cayó abatido a tiros mientras veía el partido Colombia–Venezuela en el parque principal.
A eso de las 8:30 p.m., en un local cercano a la Alcaldía, los testigos relataban la escena sombría: dos hombres en moto irrumpieron, y el parrillero, vestido con saco rojo y tapabocas, disparó sin tregua. El funcionario cayó fulminado, la violencia desdibujó la cotidianidad en ese espacio público.
Este crimen provocó una reacción urgente y contundente. La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, no ocultó su consternación y prometió justicia con una recompensa hasta de cien millones de pesos para quien aporte pistas sobre los atacantes, señalando que se trataba de un atentado contra la institucionalidad misma.
Inmediatamente, se convocó un consejo extraordinario de seguridad. Las autoridades implementaron puestos de control mixtos en los accesos a Pradera, intensificaron allanamientos en zonas calientes y reforzaron la presencia militar junto con la Policía, sobre todo en corredores fronterizos con el Cauca.
La hipótesis oficial apunta a retaliaciones vinculadas con las acciones que Jiménez encabezaba en la lucha contra estructuras delictivas locales, aunque el velo de la incertidumbre aún cubre las motivaciones exactas y el entramado tras el asesinato.
En la quietud que dejó el disparo, se pregunta la comunidad: ¿podrá la justicia desmantelar las redes que ejercen el poder a disparos? Pradera busca respuestas en medio de su dolor, mientras la institucionalidad intenta recomponerse bajo la sombra de la violencia.
