📸 Imagen cortesía Karen Salamanca
¿Justicia en la encrucijada?
En una decisión que vuelve a poner en el centro el debate sobre la transparencia y el poder, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, revocó la negativa inicial y declaró legales las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía General de la Nación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona. La medida, adoptada el 13 de agosto de 2025 y confirmada recientemente, se enmarca en una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos firmados durante su alcaldía en Rionegro, específicamente en la construcción de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas.
Las escuchas telefónicas, realizadas entre el 14 y el 27 de mayo de este año, no solo apuntaron al mandatario sino también a nueve personas cercanas a su entorno, y fueron autorizadas luego de que la Fiscalía Cuarta Delegada interpusiera un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, después de que la instancia inicial rechazara validar estas pruebas. El tribunal concluyó que estas interceptaciones respetaron los estándares constitucionales y legales, cuidaron la cadena de custodia y fueron proporcionales al propósito investigativo, justificando así la intrusión en la intimidad frente al interés público de combatir la corrupción.
La Fiscalía argumentó con documentos y fundamentos que las interceptaciones eran indispensables para esclarecer las posibles irregularidades en la contratación de las obras, las cuales el gobernador siempre defendió como transparentes y entregadas a la comunidad. Sin embargo, según las pruebas recabadas, los CAI nunca entraron en funcionamiento. Las comunicaciones revelaron, incluso, que Rendón reconoció en privado la realidad oculta, admitiendo que los centros no operaron, mientras en público mantenía una versión contraria, y que habría intentos por esconder evidencias ante los investigadores.
Este episodio no solo desnuda un vacío en la gestión pública, sino también el desafío que enfrenta la justicia para avanzar en medio de tensiones entre la defensa de derechos individuales y la exigencia de transparencia institucional. ¿Podrá este caso arrojar luz en el laberinto de la política regional? ¿O permanecerá, como tantos otros, rodeado de sombras? Por ahora, la lucha contra la corrupción parece abrir una brecha, reviviendo la eterna pregunta: ¿qué cuesta más, sacrificar la privacidad o permitir la impunidad?
