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¿Justicia Restaurativa o Sombra de Impunidad?
Este jueves 18 de septiembre de 2025, en Bogotá, la Defensoría del Pueblo de Colombia lanzó una advertencia que resuena más allá de sus muros: los retos para ejecutar y hacer efectivos los veredictos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aún persisten, incluso cuando se trata de sentencias contra siete exdirigentes de las Farc responsables de más de 21.000 secuestros.
El 16 de septiembre, en un acto seguido por la ONU y la Corte Penal Internacional, la JEP dictó una decisión histórica. Figuras como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Pastor Alape, entre otros, fueron condenados a ocho años de sanciones restaurativas. Pero lejos de la cárcel, la justicia busca otro camino: desminado humanitario, proyectos ambientales, reparación simbólica y encuentros con víctimas, todo en los territorios que automantenían bajo su control. La ONU tendrá la tarea de verificar que estas acciones se cumplan mediante informes periódicos.
Sin embargo, el paso no está exento de sombras. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que esta resolución representa un avance contra la impunidad, pero advirtió sobre la urgente necesidad de instalar mecanismos claros de transparencia y protección para las víctimas. “Las sanciones restaurativas deben también tener un componente retributivo, que provoque aflicción y establezca restricciones precisas de movilidad en los lugares afectados”, apuntó Marín. Aún más inquietante es la paradoja política que abre la sentencia: estos mismos sancionados conservarán su participación activa en el partido Comunes, lo que plantea tensiones entre justicia, memoria y poder.
La certeza es que estas sanciones no sólo buscan reparar el tejido roto por décadas de conflicto, sino también instaurar una forma distinta de justicia. Sin embargo, la pregunta persiste en el aire como una espina: ¿serán suficientes las medidas restaurativas para satisfacer el clamor de las víctimas y evitar que la herida sangrante de la impunidad vuelva a abrirse? El horizonte de la justicia en Colombia se dibuja incierto, donde la memoria y la política se entrecruzan en un delicado equilibrio que todavía está por definirse.
