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¿Violencia en el silencio de la academia?
Un joven de 17 años, protegido por el sistema estatal, sufrió el abuso que no debería caber en la escuela. En mayo de 2023, en un internado de Itagüí, Antioquia, un profesor de 39 años quebrantó la confianza que le fue otorgada. La Fiscalía General de la Nación concluyó que el docente, aprovechando la vulnerabilidad de su alumno y su posición de autoridad, ofreció dinero y objetos a cambio de tocamientos en sus partes íntimas.
Durante al menos dos semanas, en medio de refuerzos académicos, el profesor utilizó la aparente relación de confianza para llevar a cabo la explotación sexual comercial, un delito grave contemplado en la legislación colombiana. La víctima, un menor bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quedó atrapada en una trama donde la autoridad y el poder se convirtieron en armas. Los testimonios recogidos por la fiscalía del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) resultaron contundentes para esclarecer esta sistemática agresión.
La evidencia recabada, que dejó palpable la reiteración de la conducta abusiva, fue clave para que el juzgado emitiera una condena de 17 años de prisión al docente. El hombre fue capturado el 31 de octubre de 2023 y ahora enfrenta el pago íntegro de su pena bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este fallo es un claro mensaje sobre la urgencia de proteger a quienes dependen del sistema estatal y la intolerancia frente a quienes se aprovechan de esta fragilidad.
Sin embargo, la sumatoria de estos casos sigue erosionando la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de los menores. ¿Cuántos silencios más serán necesarios para que la justicia y la sociedad actúen con la determinación que la niñez merece? La respuesta está pendiente, mientras queda la herida abierta y el deber ineludible de velar por quienes no pueden defenderse en la sombra.
¿Podrá esta condena marcar un antes y un después en la lucha contra la explotación sexual de menores en entornos escolares y de protección estatal? Las autoridades insisten en la necesidad de investigar y sancionar con rigor, pero la pregunta parece flotar en el aire como un reclamo pendiente de justicia.
