📸 Imagen cortesía Fiscalía General de la Nación
¿Contrato con amenazas?
Este 24 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, junto a Luz Mila Acevedo Galán, directora de Contratación, y Sara Catalina Pedraza Canaría, exgestora social, por irregularidades en contratos públicos municipales.
La denuncia nace en febrero de 2024, cuando una demanda de nulidad intentó tumbar la elección de Krasnov. Pero la historia no acabó ahí. La persona que promovió ese recurso terminó vinculada a dos contratos de prestación de servicios: uno por 19.800.000 pesos, nunca ejecutado; y otro por 54.285.000 pesos, gestionado vía la empresa pública Ecovivienda. Lo llamativo es que el segundo contrato fue aprobado justo después de que la demanda contra Krasnov se interpusiera y, poco después, esta fue retirada.
La Fiscalía señala que hubo un acuerdo entre el alcalde y sus colaboradores para usar esos contratos como una suerte de soborno encubierto: persuadir al demandante a desistir y, a cambio, asegurar la permanencia de Krasnov en el poder. No bastó con eso. Según la investigación, Krasnov habría presionado directamente al gerente de Ecovivienda para firmar ese contrato y obtener un documento que lo protegiera ante eventuales futuras investigaciones. El juez, al evaluar la evidencia, concluyó que existió un pacto consciente que comprometió la administración pública y la justicia.
Este proceso, tramitado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías, desenreda una trama donde las sombras de la política local se entrecruzan con la posible vulneración de la ley. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo la confianza en las instituciones vuelve a erosionarse. ¿Será posible esclarecer hasta el fondo esta red de contratos y amenazas? La respuesta aún aguarda en las salas de justicia.
