📸 Imagen cortesía: Cuenta de X Rodrigo Londoño
¿Justicia con memoria, pero dividida?
Este martes 16 de septiembre de 2025, Bogotá fue testigo de un momento singular y tenso en la historia reciente de Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó su primera sentencia contra siete exintegrantes del último secretariado de las FARC-EP, señalados por crímenes de guerra y lesa humanidad en torno a la política de secuestros que la guerrilla implementó entre 1993 y 2012.
El fallo condenó a Rodrigo Londoño Echeverri —conocido como Timochenko— junto a Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Jaime Parra, Pablo Catatumbo, Julián Gallo y Rodrigo Granda a ocho años de sanciones restaurativas. No se trata de prisión, sino de tareas encaminadas a la reparación: búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario, recuperación ambiental, construcción de memoria y actos simbólicos en los territorios afectados. Estas actividades estarán bajo la vigilancia de la ONU y de la propia JEP, con restricciones en la movilidad y seguimiento electrónico de los sancionados.
El proceso reconoció oficialmente 21.936 víctimas de secuestro, y a lo largo del juicio se escuchó a más de 800 de ellas, además de recopilar testimonios y documentos que apuntalan la verdad histórica. Sin embargo, ese reconocimiento no ha sido suficiente para apaciguar los sentimientos encontrados. Muchas víctimas expresaron su inconformidad y dolor. Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo, calificó la sentencia como “una vergüenza”, denunciando que “no se está escuchando a las víctimas» y advirtió que “las Farc no están aportando toda la verdad que poseen”. Luis Herlindo Mendieta, general retirado y exsecuestrado durante más de doce años, se sumó a la crítica, subrayando la ausencia de justicia plena.
El encuentro cara a cara entre víctimas y exjefes guerrilleros en audiencias públicas buscó tejer una reparación colectiva que trasciende el castigo tradicional. Pero en ese encuentro también quedó al descubierto el vacío que la impunidad y la desconfianza han horadado tanto en la justicia como en el tejido social.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con cautela cómo la justicia transicional avanza entre luces y sombras, preguntándose si estas sanciones restaurativas serán suficientes para sanar heridas que llevan décadas abiertas. ¿Podrá la memoria ganarle a la impunidad? ¿Bastará la reparación simbólica cuando el dolor concreto todavía persiste?
Las respuestas, como la historia que la JEP intenta escribir, son aún un camino largo y en construcción.
