Paloma Valencia pide a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional y asegura que el gobierno Petro incurrió en errores al subsanar irregularidades en el Congreso

📸 Cortesía: Colprensa
Reforma pensional sigue suspendida tras solicitud de inexequibilidad presentada por la senadora Paloma Valencia

En las últimas horas, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la reforma pensional, argumentando irregularidades en el trámite realizado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Cámara de Representantes. La petición se formalizó el lunes 29 de septiembre de 2025 ante el presidente de la Corte, magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

El proyecto de ley 2381 de 2024, que modifica el sistema pensional vigente bajo la Ley 100 de 1993, permanece suspendido tras decisiones previas de la Corte que señalaron vicios en el proceso. La senadora Valencia señaló que durante la sesión del 27 de junio de 2025 no se cumplió con el quórum decisorio obligatorio de 94 votos, pues solo se registraron 76 presentes y, además, no se permitió debatir ni votar proposiciones presentadas por otros representantes, acciones que contravienen el Auto 841 de 2025 dictado por la Corte.

“Durante la sesión la normativa fue incumplida, afectando el principio constitucional de participación parlamentaria y dejando sin el debate y votación adecuados el proyecto”, expresó Paloma Valencia, enfatizando la irregularidad del procedimiento adoptado por la Cámara y el Gobierno. La reforma, que tenía prevista su entrada en vigencia para el 1 de julio de 2025, sigue en pausa mientras se evalúa su constitucionalidad.

El proceso avanza con la Corte ordenando devolver la iniciativa al Congreso para repetir parte del trámite legislativo por estos vicios formales. Valencia advirtió que el Gobierno y la Cámara adelantaron el trámite basado en un comunicado, sin respetar los procedimientos que exige la Constitución, situación que pone en riesgo la legitimidad de la reforma y genera incertidumbre en el sistema de pensiones de Colombia. La comunidad y actores políticos están pendientes de nuevas decisiones judiciales al respecto.

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