📸 Cortesía: Presidencia / Colprensa
Acusaciones públicas ponen en riesgo la integridad de la senadora Paloma Valencia, advierte Álvaro Uribe
El expresidente Álvaro Uribe Vélez alertó sobre el riesgo para la vida de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) ante recientes señalamientos públicos del presidente Gustavo Petro. Las declaraciones de Uribe se dieron la tarde del martes 30 de septiembre de 2025, en medio de la escalada de confrontación entre ambos, y advirtió que los ataques recuerdan los hechos previos al asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay.
El conflicto comenzó luego de que Valencia criticara la participación de Petro en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En respuesta, el presidente la acusó de ser cómplice de los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales en las que, según datos oficiales, más de 6.400 jóvenes fueron asesinados entre 2002 y 2008. Petro afirmó en su cuenta de X: “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente.”
Uribe rechazó con firmeza estas acusaciones y señaló que este tipo de declaraciones pueden “incitar a bandidos a que le hagan daño, como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe.” Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas preventivas y protejan a los líderes de la oposición política, frente al aumento de hostilidades.
Este nuevo episodio se suma a la tensión política actual en el país, marcada por declaraciones cruzadas entre el presidente y sectores del Centro Democrático. Uribe recordó que la seguridad de los dirigentes políticos debe ser prioridad ante la polarización creciente. Por eso, la comunidad y las autoridades están atentas a evitar nuevos actos de violencia.
La Alcaldía y organismos de seguridad nacionales han sido instados a reforzar los protocolos de protección para evitar que estas tensiones escalen en hechos violentos. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales y respetar el debido proceso en los casos que involucren a funcionarios públicos.
