📸 Imagen cortesía: Andrea Puentes – Presidencia
¿Campaña de odio o defensa de la democracia?
Este 1 de octubre de 2025, en medio de una creciente tensión política en Colombia, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, principales referentes de la oposición, lanzaron un comunicado conjunto exigiendo al presidente Gustavo Petro que detenga lo que califican como “calumnias, mentiras y difamaciones” en su contra.
La solicitud no llega en un vacío. En las últimas semanas, el presidente Petro ha dirigido duros señalamientos contra la senadora Paloma Valencia, acusándola de ser “cómplice” en miles de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe. Este pronunciamiento se suma a una cadena de acusaciones que, según la oposición, evidencian una ofensiva sostenida contra quienes disienten del Gobierno.
Los partidos opositores responsabilizan directamente a Petro por la seguridad de sus miembros. Denuncian una “persecución y ataques sistemáticos” orquestados desde la más alta esfera del poder, con ministros y “amplificadores” financiados por recursos públicos dedicados a hostigar a la disidencia política. En este contexto, señalan consecuencias tan graves como la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe y el atentado a Jairo Evelio Ascanio Naranjo en Arauca, acontecimientos que agravan la atmósfera de miedo y polarización.
Paloma Valencia, al centro de estas controversias, calificó las acusaciones presidenciales como “una amenaza” que va más allá de las palabras, apuntando directamente a la integridad de la oposición. En sus declaraciones, subrayó el riesgo que implican estas narrativas para la convivencia democrática.
Pero, ¿qué impulsa esta escalada? Para los partidos opositores, la estrategia del Gobierno busca deslegitimar a quienes defienden una democracia plural, utilizando el discurso del “odio político” para dividir a la sociedad y erosionar las garantías básicas de participación política.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo el diálogo político se transforma en un campo de batalla donde las palabras pueden provocar daños irreparables. ¿Será posible reconstruir puentes en medio de tanta desconfianza? ¿Podrá la democracia colombiana sostenerse cuando quienes la defienden se sienten amenazados y perseguidos?
La inquietud permanece, invitando a un necesario análisis profundo sobre los límites del debate político y la responsabilidad que implica el ejercicio del poder en tiempos convulsos.
