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¿Dinero político en la Alcaldía de Medellín?
Este miércoles 1 de octubre de 2025, la Personería Distrital de Medellín anunció el inicio de un proceso disciplinario contra cuatro exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero (2020-2023), bajo sospecha de financiar y participar en actividades políticas desde sus cargos públicos.
Los señalados son Ana María Valle Villegas, exsecretaria de las Mujeres; Jennifer Andree Uribe Montoya, exsecretaria de Salud; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación; y Juan Pablo Ramírez Álvarez, exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. La indagación supone que, durante su gestión, habrían violado la normativa que restringe la participación política de servidores públicos, al financiar campañas y movimientos afines al poder local.
Según la Personería, la investigación arrancó tras reunir pruebas que apuntan a la posible financiación directa o indirecta de la corporación “El futuro se parece a nosotros”, vinculada al movimiento Independientes y que se habría convertido en una especie de plataforma para el proselitismo político. Se habla de aportes económicos obligatorios, incluso de contratistas, con montos que variaban según el nivel educativo. Un sistema organizado, que según testimonios, buscaba sostener esta estructura paralela durante la administración Quintero.
En paralelo, Juan Pablo Ramírez enfrenta cargos por presuntamente liderar una red de recaudación de fondos para campañas, denunciado por la exdirectora de la Unidad de Niñez de su Secretaría, quien aseguró que Ramírez instaba a contratistas a entregar recursos a la corporación señalada.
Este caso abre un nuevo capítulo en la pugna por la transparencia en la administración pública local. ¿Cómo pudo haberse erosionado la frontera entre lo político y lo institucional bajo el mando de Quintero? ¿Las estructuras creadas para gobernar se convirtieron en mecanismos para sostener campañas? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendrán estas investigaciones para la confianza ciudadana en sus gobernantes?
Mientras la Personería avanza en esclarecer estos hechos, Medellín observa con atención, consciente de que el futuro de su democracia puede depender de respuestas claras y justas. ¿Será esta la oportunidad para recuperar la ética pública o se repetirá el desgaste que tantas veces ha marcado la historia local?
