📸 Imagen cortesía Teleantioquia
¿Crisis sin respuesta en la televisión pública regional?
Este lunes 6 de octubre de 2025, Teleantioquia alzó la voz frente a un silencio que amenaza su existencia.
En Antioquia, el canal regional Teleantioquia enfrenta un desafío urgente: la demora en la entrega de cerca de 3.000 millones de pesos que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) debe desembolsar por ley a través del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC). Mientras que otros ocho canales regionales y RTVC ya cuentan con sus recursos para 2025, Teleantioquia sigue esperando una transferencia que condiciona la continuidad de sus actividades. Este retraso, sin precedentes en los últimos cinco años desde la reforma del FUTIC, pone en jaque no solo la producción y la formalización de contratos, sino también cerca de 500 empleos directos e indirectos en la región.
La historia de esta controversia tiene un claro protagonista: el incumplimiento ministerial ante una obligación legal. La Ley 1978 de 2019, que regula el FUTIC, es taxativa: los recursos deben llegar en una sola anualidad, con el fin de fortalecer la televisión pública, promover contenidos culturales y sociales, y dinamizar la industria audiovisual local. Sin embargo, a diferencia del espíritu y la letra de esta norma, en 2025 los desembolsos se han realizado de manera fraccionada, y para Teleantioquia, no han llegado en absoluto. La emisora ha elevado múltiples solicitudes al Ministerio, que se mantienen sin respuesta profunda ni definitiva.
Este silencio administrativo tiene consecuencias palpables. El canal advierte que la cadena se expone a un vacío operativo que compromete sus proyectos con productoras locales y regionales, además de poner en riesgo la sostenibilidad de su señal televisiva y de las plataformas digitales que conectan a miles de antioqueños con su cultura y actualidad. “El canal ha reclamado insistentemente sin obtener una respuesta clara sobre estos recursos”, declararon voceros oficiales, evidenciando la frustración y la incertidumbre que se extienden más allá de lo institucional.
El retraso en la entrega del FUTIC, en principio un problema técnico-administrativo, revela una grieta mayor en la relación entre el Estado y la televisión pública regional. ¿Cómo puede sostenerse una señal que responde a la voz de una región cuando el soporte económico —que por ley debe ser garantizado— es dilatado sin justificación? La ciudadanía, empleos y cultura permanecen en el limbo, y la pregunta que este lunes persiste es: ¿habrá voluntad política para resolver un retraso que, hasta ahora, parece no tener fin?
