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Ordenan investigación contra Álvaro Uribe y otros por asesinatos de defensores de derechos humanos en 1998
El 6 de octubre de 2025, la jueza tercera penal especializada de Medellín, Claudia Castro, ordenó a la Fiscalía General de la Nación abrir investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez y el general retirado Carlos Alberto Ospina por su presunta participación en los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, ocurridos en 1998.
La decisión judicial se fundamenta en testimonios que apuntan a una estructura organizada entre actores estatales y agentes paramilitares, con capacidad para planear y ejecutar atentados contra líderes que denunciaban violaciones de derechos humanos en Colombia. Destaca la declaración del exparamilitar Francisco Enrique Villalba, quien señaló que en 1997 en la finca La Marranera se reunió un grupo en el que participaron los hermanos Uribe, altos mandos militares y jefes paramilitares como Carlos Castaño, donde se habría planificado el asesinato de Valle, Umaña y otros.
Jesús María Valle fue asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998. Era abogado, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y reconocido por denunciar la relación entre el Ejército y grupos paramilitares en la región. Eduardo Umaña Mendoza fue ultimado en Bogotá el 18 de abril de 1998 y era un destacado abogado defensor de derechos humanos, conocido por sus denuncias sobre la connivencia entre fuerzas estatales y paramilitares.
Según indicó la jueza Castro, “la investigación busca determinar las responsabilidades de quienes podrían haber orquestado estos crímenes, en la búsqueda de justicia para las víctimas”. Esta orden se da en el contexto del fallo condenatorio contra José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto DAS, señalado en casos similares. Se espera que la Fiscalía avance con rigor en la investigación que podría aclarar vínculos entre el Estado y grupos paramilitares para neutralizar opositores.
La Fiscalía y autoridades recomiendan mantener la vigilancia y colaboración de la ciudadanía para aportar información que ayude a esclarecer estos hechos y fortalecer la protección a defensores de derechos humanos. De igual forma, se aguarda la presentación de nuevas evidencias en el proceso judicial.
