📸 Imagen cortesía Pedro Rances Getty Images
¿Amistades que pesan?
Una casa en Pradomar, Puerto Colombia, y un préstamo que no termina de aclararse.
Este 10 de octubre de 2025, la tranquilidad en las alturas políticas colombianas volvió a temblar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, está nuevamente en el ojo del huracán tras revelaciones que no solo cuestionan su patrimonio, sino también las redes que lo rodean.
La investigación liderada por Camilo Enciso, abogado y fundador del Instituto Anticorrupción, hizo estallar una bomba: un préstamo por 3.600 millones de pesos, facilitado por Euclides Torres, un contratista estatal de peso que no es ajeno a la órbita de Benedetti. Esta suma, destinada a la compra de una residencia en Pradomar, fue reconocida por el propio ministro en una diligencia ante la Corte Suprema en 2021. Pero más allá del préstamo, la controversia se profundiza cuando se descubre que el crédito está a nombre de la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, quien reportó en su declaración de renta por 2023 una deuda cercana a los 3.729 millones, pese a que sus ingresos anuales apenas alcanzan los 300.000 pesos. El ministro argumenta que no hubo ocultamiento, pues el préstamo fue otorgado a su esposa, y que no existió intención de declarar irregularidades.
Sin embargo, las ramificaciones van más allá: Jaime Berdugo, viceministro del Interior, antes vinculado laboralmente a una empresa de Euclides Torres, firmó un contrato millonario por 95.000 millones con el Fondo de Energías No Convencionales (Fenoge). Este entramado, en el que Torres es además padrino de la hija de Benedetti, plantea serias preguntas sobre las conexiones entre poder político y contratos estatales.
Los hechos se despliegan en la región Atlántica, pero su eco resuena en la capital y entre quienes reclaman transparencia en la administración pública. La ciudadanía observa con creciente incertidumbre cómo estas relaciones “amistosas” pueden erosionar la confianza, y se pregunta: ¿cómo se esclarecen las verdaderas razones y condiciones de este préstamo? ¿Podrá la justicia desentrañar los vínculos entre contratos, favores y patrimonio?
Mientras tanto, el ministro Benedetti resiste el embate, afirmando que no hay nada que esconder, y que sus declaraciones patrimoniales están en orden. Pero la sombra persiste, y con ella, el vacío que deja un sistema donde las líneas entre lo público y lo privado se vuelven peligrosamente difusas.
¿Serán estas revelaciones el inicio de un cambio o solo otro capítulo en una historia que se repite? La justicia, una vez más, tiene la palabra.
