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¿Consulta con sombras?
En la madrugada política de este miércoles 15 de octubre de 2025, en medio de una compleja turbulencia electoral en Colombia, Carolina Corcho e Iván Cepeda confirmaron que seguirán adelante en la consulta presidencial del Pacto Histórico programada para el próximo 26 de octubre. Esta decisión contrasta con la renuncia inesperada de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien abandonó la carrera aduciendo que las garantías jurídicas para su participación no están aseguradas. Mientras tanto, desde el extranjero, el presidente Gustavo Petro denunció lo que tildó de “golpe antidemocrático” contra la cohesión de la coalición de izquierda.
El epicentro del conflicto radica en la interpretación y naturaleza legal del proceso que antes se concebía como una primaria interna del Pacto Histórico. Sin embargo, tras una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), la consulta fue reclasificada como interpartidista, abriendo la competencia a diversas fuerzas políticas integrantes de la coalición y no solo al movimiento original. Esta modificación no es menor: diluye la identidad interna y la visibilidad del Pacto, cuestión que se agudiza con la negativa del CNE a permitir el uso del logo del movimiento en las papeletas. Esta restricción, que para los candidatos es una merma en la percepción y reconocimiento de la coalición, genera dudas sobre la viabilidad del ganador en posteriores instancias electorales, en particular la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026, que reúne también a sectores de izquierda y centro.
Corcho, exministra de Salud, y Cepeda, senador de larga trayectoria, han optado por persistir y levantar la voz reclamando condiciones claras y garantías jurídicas. Ambos anunciaron que solicitarán al CNE una certificación explícita que asegure que el vencedor de esta cita electoral no enfrentará inhabilidades para competir en la consulta aliada del Frente Amplio. Esta solicitud busca evitar que la consulta interna se convierta en un callejón sin salida y preservar la unidad de la izquierda, tan necesaria en un escenario político cada vez más fragmentado y tenso.
¿Se trata simplemente de un conflicto legal sobre el reglamento electoral o estamos frente a una estrategia que erosiona la confianza en la institucionalidad democrática y pone en riesgo la cohesión de la coalición? La ciudadanía y los sectores progresistas esperan que la justicia electoral esclarezca estos puntos sin dilaciones, porque más allá de nombres y logos, está en juego la posibilidad de construir una alternativa política sólida y legítima. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y la izquierda se enfrenta al desafío de no perder el impulso ante tensiones internas y externas. ¿Podrá la unidad sobrevivir a este complejo cónclave electoral?
