📸 Imagen cortesía capturada de audiencia
¿Corrupción en llamas?
Este miércoles 15 de octubre de 2025, en Medellín, un juez de control de garantías tomó una decisión que pone bajo lupa la gestión del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
A la 1:00 de la tarde, la juez Séptima Penal ordenó la detención intramural de Misael Cadavid, exgerente de los bomberos de Itagüí, y María Yaneth Rúa, exfuncionaria del Área Metropolitana. Ambos están señalados por presuntas irregularidades en la contratación de kits de bioseguridad y la capacitación bomberil durante la pandemia —un tiempo en que la respuesta rápida y eficiente no era un lujo, sino una necesidad vital.
Según la resolución judicial, los contratos cuestionados debieron tramitarse mediante licitación pública, un mecanismo que asegura transparencia y competencia. Sin embargo, se optó por la contratación directa, una vía que, según la juez, facilitó posibles actos de peculado por apropiación y sobrecostos injustificados. Entre las evidencias resaltan informes de campo y estudios que dan cuenta de cobros por servicios nunca prestados, facturación alterada y hasta recibos por recargas de celular que no se hicieron. Un ejemplo estremecedor: un servicio de transporte pasó de un valor real de 27 millones a una factura inflada hasta 120 millones de pesos.
Pero la gravedad no termina allí. En la audiencia se expusieron grabaciones entre Cadavid y Rúa que revelan intentos por entorpecer la investigación judicial. Esta amenaza directa a la administración de justicia fue clave para que la juez decidiera imponer la medida más severa: la detención intramural.
La situación es especialmente preocupante en el caso de María Yaneth Rúa, quien, a pesar de su señalamiento, mantiene funciones de supervisión en el Área Metropolitana, lo que eleva el riesgo de reincidencia. Por su parte, Cadavid y un tercero identificado como González ya dejaron sus cargos en el Cuerpo de Bomberos, pero eso no elimina las sombras de la corrupción que ahora se investigan.
A partir de este capítulo, la pregunta que queda flotando en el aire es si las instituciones lograrán limpiar sus filas y recuperar la confianza de una sociedad que no puede permitirse más apagones de transparencia. ¿Podrán las llamas de la justicia extinguir las brasas de la irregularidad?
