📸 Cortesía: Jesús Vargas/Getty Images
¿Vigilancia ciudadana o control social?
Este lunes 3 de junio, en Caracas, Nicolás Maduro anunció la creación de una nueva aplicación móvil que invitará a los venezolanos a reportar “todo lo que vean y escuchen” en tiempo real.
La iniciativa, que busca expandir el sistema VenApp —una plataforma lanzada en 2022 para recibir denuncias sobre servicios públicos— pretende ahora incorporar un monitoreo más amplio bajo la supervisión directa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral. Maduro destacó que se cuenta con “organización, conciencia y liderazgo” para lograr esta integración militar y popular, subrayando la confluencia entre ciudadanía y fuerzas armadas en este esfuerzo.
Sin embargo, este proyecto ha levantado una ola de inquietudes en organismos internacionales. Amnistía Internacional advirtió que VenApp ya fue utilizada para denunciar a manifestantes durante la reelección de Maduro en agosto pasado, agregando una funcionalidad para reportar protestas y cuestionamientos al gobierno. Esta práctica, denuncian expertos, profundiza el control social y erosiona derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.
La creación de esta aplicación refleja un empeoramiento en las estrategias de vigilancia estatal en Venezuela, donde la línea divisoria entre colaboración ciudadana y espionaje se vuelve cada vez más difusa. ¿Se convierte en un nuevo mecanismo para construir comunidad o, más bien, en un capítulo más del monitoreo persistente que ha marcado al país? La incertidumbre persiste mientras la sociedad se enfrenta a un futuro donde la vigilancia podría ser cotidiana y permanente.
Las preguntas que quedan en el aire son inevitables: ¿podrán las autoridades garantizar que este sistema no se use para operaciones represivas? ¿O estaremos ante un modelo que convierte al ciudadano en vigilante, erosionando la confianza y sembrando miedo? A partir de ahora, Venezuela asiste a una etapa donde el ojo del Estado puede estar más cerca que nunca, cuestionando no solo lo que se ve y oye, sino también lo que se puede decir.
